PUYO, Pastaza
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, propuso que el Gobierno incremente el salario básico unificado a USD 650 si mantiene su decisión de subir el precio del diésel. La declaración se dio durante la Asamblea Extraordinaria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), realizada el sábado 18 de octubre de 2025.
En el encuentro, los representantes de las nacionalidades amazónicas resolvieron mantener una movilización permanente “por la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos”. Vargas insistió en que la eliminación del subsidio a los combustibles “golpea directamente a los sectores populares” y pidió al Gobierno “equilibrar las cargas económicas” con un incremento salarial que alivie el impacto del alza.
Asamblea Constituyente
La Confeniae también acordó oponerse a la consulta popular y a la Asamblea Constituyente impulsadas por el Ejecutivo, al considerar que “atentan contra los derechos conquistados por los pueblos indígenas”. Además, la organización expresó su solidaridad con las comunidades de Imbabura y rechazó la represión policial y el cierre de radios comunitarias durante las protestas.
El dirigente amazónico aprovechó su intervención para cuestionar duramente la extracción petrolera y minera en la región. “Han saqueado la Amazonía por más de 50 años, y la salud, la educación y la economía de nuestras nacionalidades siguen destruidas”, expresó Vargas. “Nuestros ríos y cascadas están contaminados; la Amazonía dice no más explotación petrolera ni minera”.
Aunque el paro nacional de la Conaie comenzó en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, el movimiento amplió sus demandas: reducción del IVA al 12 %, liberación de los detenidos en las manifestaciones y rechazo al referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa para el 16 de noviembre, que incluye la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente.
Las protestas, que ya cumplen 25 días, mantienen bloqueos intermitentes en varias provincias del país, mientras el Gobierno insiste en que el paro tiene fines “políticos”. (I)
