Por José Chica Pincay, docente
En un preocupante panorama que ha venido en aumento, datos proporcionados por la Policía Nacional revelan que, durante los primeros seis meses de 2023, al menos 1,326 niños y adolescentes ecuatorianos, con edades entre 12 y 17 años, han tomado la angustiante decisión de abandonar las aulas para integrarse a las peligrosas bandas delictivas.
Estos jóvenes se ven vinculados a una serie de delitos que abarcan desde la tenencia ilegal de armas hasta el sicariato, el microtráfico y el robo a personas, todos ellos asociados al crimen organizado. Lo que resulta aún más desgarrador es que la mayoría de estos menores se encuentran atrapados en una situación de pobreza, lo que facilita su reclutamiento por estas organizaciones.
Para obtener una visión más profunda de esta problemática, Billy Navarrete, Director Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), ha sostenido una entrevista reveladora con un testigo anónimo (EA) en Guayaquil. La entrevista arroja luz sobre la cruda realidad de la criminalidad en estas comunidades, donde diversas bandas armadas se enfrentan de manera constante, convirtiendo la seguridad en un bien escaso.
Este diálogo con el entrevistado anónimo es revelador, ya que proporciona una radiografía de la complejidad y las dinámicas que impulsan a estos jóvenes a unirse a las bandas delictivas. Entre las razones que llevan al reclutamiento forzoso, destacan tres categorías principales según género y edad: la participación en el microtráfico, la comisión de asesinatos violentos y la explotación sexual, siendo este último caso una grave posible instancia de trata de personas.
La situación que enfrentan estos jóvenes es angustiante, y su involucramiento en actividades delictivas tiene un impacto negativo no solo en sus vidas, sino también en la seguridad de la comunidad en general. Es fundamental que como sociedad tomemos medidas decisivas para abordar esta alarmante tendencia.
La inversión en programas de prevención, apoyo a familias en situación de pobreza y oportunidades educativas y laborales para los jóvenes se erigen como elementos esenciales en esta lucha. El futuro de estos niños y adolescentes, así como la seguridad de nuestras comunidades, están en juego, y es imperativo que actuemos con determinación para revertir esta preocupante realidad. (O)
