NAPO, Tena
El gobierno ecuatoriano ha enviado un contingente militar a Napo para controlar las crecientes protestas sociales en la región. Las movilizaciones comenzaron hace días como una reacción a la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Archidona. Este proyecto ha generado un fuerte rechazo de las comunidades locales, quienes consideran que la obra afectará el entorno social y ambiental de la zona.
Cinco camiones militares ingresaron al territorio, atravesando la comunidad de Costa Azul, lo que intensificó las tensiones. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) ha exigido al presidente Daniel Noboa que cese la represión y atienda las demandas de las comunidades. En su resolución, los manifestantes expresaron que no desean la construcción de la cárcel en la región amazónica.
Las protestas continuaron el pasado 12 de diciembre con la toma de la Gobernación de Napo por cerca de 3,000 personas, quienes enfrentaron a las fuerzas policiales en un intento de frenar el avance del proyecto. Además, los manifestantes han anunciado el cierre de vías principales, incluyendo el acceso al puente del río Misahuallí, como parte de la intensificación de las protestas.
A pesar del descontento social, el gobierno ha seguido adelante con el plan de construcción, otorgando el contrato a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L. La obra en Archidona tiene un presupuesto cercano a los 52 millones de dólares y está enmarcada dentro de una iniciativa más amplia para construir cárceles de alta seguridad en Ecuador.
¿Logrará el gobierno resolver este conflicto social sin agravar las tensiones en la región amazónica? ¿Será posible encontrar un equilibrio entre la necesidad de infraestructura penitenciaria y la protección de los derechos y el bienestar de las comunidades locales? (I)
