GUAYAQUIL, Guayas
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ofreció disculpas públicas a las familias de los cuatro niños asesinados en Guayaquil, mientras criticó severamente a la jueza Tanya Loor por declarar desaparición forzada en este caso.
Durante una cadena nacional el pasado 6 de enero de 2025, Loffredo aseguró que impulsará sanciones contra la magistrada y defendió el actuar de las Fuerzas Armadas, a pesar de que 16 militares enfrentan procesos por su posible implicación.
Críticas al fallo judicial
Loffredo cuestionó la sentencia de la jueza, argumentando que esta carecía de base legal para declarar desaparición forzada. Además, señaló que esta resolución ha sido utilizada como una herramienta de persecución política, mencionando incluso la participación de figuras como la presidenta de la Asamblea Nacional en el proceso judicial.
“Señora jueza, hemos cumplido con su disposición, pero llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación. No permitiré que este fallo arrodille a las Fuerzas Armadas, quienes trabajan por la paz y los derechos humanos”, expresó Loffredo.
Compromiso con los derechos humanos
El ministro aseguró que las Fuerzas Armadas no toleran violaciones a los derechos humanos y reiteró que el Ministerio de Defensa promueve políticas de respeto absoluto a la integridad de los ciudadanos. También destacó que cualquier denuncia contra agentes del orden será investigada de forma rigurosa.
Loffredo lamentó profundamente el crimen, dirigiéndose a las familias de Ismael, Josué, Saúl y Steven: “Lamento profundamente lo ocurrido. Jamás podremos entender lo que ustedes están viviendo, pero como sociedad debemos evitar que hechos tan atroces se repitan”.
El ministro enmarcó la tragedia en el contexto de un país golpeado por el narcotráfico y el crimen organizado. Destacó el sacrificio de las fuerzas del orden en la lucha por devolver la seguridad a la ciudadanía, insistiendo en que este esfuerzo se realiza con estricto respeto a los derechos humanos.
Aunque el ministro ha expresado su compromiso con la justicia y los derechos humanos, persiste una duda: ¿Cómo equilibrará el Gobierno la lucha contra el crimen organizado con la garantía de procesos judiciales imparciales y el respeto a las víctimas? (I)
