QUITO, Pichincha
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, compareció el miércoles 18 de junio de 2025 ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde cuestionó con firmeza el accionar de jueces y fiscales en el marco del conflicto armado interno que atraviesa el país.
Durante su intervención, el ministro alertó sobre una falta de articulación entre el trabajo de las Fuerzas Armadas y el sistema judicial, situación que según dijo «está debilitando la lucha contra el crimen organizado y favoreciendo la impunidad».
“Las Fuerzas Armadas han capturado a más de 6.000 sospechosos este año, cumpliendo con todos los protocolos legales. Pero muchos de estos detenidos recuperan su libertad en cuestión de días, incluso cuando fueron aprehendidos en flagrancia”, denunció.
Loffredo remarcó que esta desconexión institucional genera frustración dentro de la institución militar y mina la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Reclamó la necesidad de contar con un sistema judicial firme, íntegro y comprometido con la seguridad nacional, que no se preste para beneficiar a estructuras delictivas.
Denuncias por corrupción judicial
El titular de Defensa advirtió sobre presuntos pactos entre abogados, bandas criminales y operadores de justicia, lo que según él, fomenta la impunidad y complica aún más la tarea de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. “No podemos permitir que operadores judiciales corruptos faciliten la liberación de quienes amenazan al país”, insistió.
La comparecencia se dio en el marco de la investigación legislativa abierta por la Comisión de Fiscalización, sobre actuaciones irregulares de ciertos jueces y fiscales que, en las últimas semanas, han sido señalados por dictar fallos cuestionables a favor de miembros de bandas armadas.
Resultados operativos de las Fuerzas Armadas
En el mismo espacio legislativo, el vicealmirante Enrique Aristizábal, jefe del Estado Mayor Operacional de las Fuerzas Armadas, reveló que desde la declaratoria de conflicto armado interno (enero de 2024) hasta la fecha, se han ejecutado más de 516.000 operaciones de seguridad en el territorio nacional.
Estas acciones han derivado en 6.211 aprehensiones, en su mayoría vinculadas con grupos armados organizados.
“Esta es una lucha que no recae solo sobre los hombros de los militares y policías; es una batalla que debe asumir todo el Estado ecuatoriano”, puntualizó Aristizábal.
Mientras el Ministerio de Defensa insiste en mayor respaldo institucional, sectores del Legislativo evalúan reformas legales para fortalecer el marco penal, endurecer las sanciones contra operadores de justicia corruptos y acelerar procesos contra integrantes de organizaciones terroristas.
El Gobierno, por su parte, mantiene la declaratoria de conflicto armado interno y reafirma que seguirá enfrentando al crimen organizado en todos los frentes. (I)
