QUITO, Pichincha
El ministro del Interior, John Reimberg, criticó nuevamente el accionar de operadores judiciales tras la liberación de alias ‘Mito’ y alias ‘Ronquillo’, presuntos integrantes de la organización criminal Los Lobos, capturados durante el operativo Gran Fénix 32 en Machala, provincia de El Oro.
Durante una declaración en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Reimberg denunció supuestas inconsistencias en el proceso judicial que se llevó a cabo tras la aprehensión de siete personas el pasado 16 de julio. Aseguró que, pese a los informes balísticos y a las evidencias que los vinculaban con actividades delictivas, la jueza de flagrancia dejó en libertad a cinco de los detenidos. A uno de ellos le impuso únicamente la medida de presentación periódica cada ocho días.
Según el Ministro, en la segunda audiencia el fiscal de turno incluso increpó a los policías por haber mencionado la conexión con Los Lobos en el parte informativo. “Esta falta de coherencia e irresponsabilidad en la administración de justicia es sencillamente inaceptable”, expresó Reimberg, quien también recordó que no es la primera vez que ocurre un hecho similar: en junio, criticó la liberación de supuestos secuestradores en Guayaquil.
Fiscalía se pronuncia tras los señalamientos
La Fiscalía General del Estado respondió públicamente este 18 de julio mediante un comunicado, sin aludir directamente a Reimberg. Explicó que el juez responsable del caso de Kevin R., alias Ronquillo, dictó medidas cautelares alternativas pese a que se formularon cargos por tenencia y almacenamiento de municiones y se solicitó prisión preventiva.
El organismo informó que apeló esa resolución y que el caso continúa en investigación por un plazo inicial de 30 días.
Respecto al segundo expediente, que involucra a Jaime S., alias Mito, y otros cinco detenidos, la Fiscalía explicó que durante la audiencia una empresa de seguridad presentó documentos justificando el uso de las armas por parte de uno de los sospechosos. En consecuencia, solo formuló cargos contra Jairo C., mientras que para los demás se abrió una investigación previa por falta de elementos suficientes.
La Fiscalía también solicitó informes complementarios sobre el uso del vehículo involucrado y sobre la demora en la entrega del parte policial, lo que pudo incidir en el desarrollo del caso.
Este cruce de versiones ocurre a menos de seis semanas de que el Gobierno y la Función Judicial instalaran una Mesa de Seguridad, con el objetivo de coordinar estrategias en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, los recientes incidentes evidencian la persistente fractura institucional entre las entidades encargadas de la seguridad y de la administración de justicia. (I)
