QUITO, Pichincha
El pasado 05 de junio de 2025, Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 256 con el que declara como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA) por parte de grupos armados organizados que operan en Ecuador. La medida forma parte del plan nacional de seguridad integral.
Para materializar esta decisión, el Gobierno creó el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento de NNA, que funcionará mediante coordinación interinstitucional con la participación de al menos 15 entidades estatales.
Entre los integrantes figuran la Vicepresidencia de la República, y los ministerios de Inclusión Económica y Social, Salud Pública, Educación, Cultura, Deporte, Derechos Humanos, Economía y Finanzas, Trabajo, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Telecomunicaciones, Educación Superior, así como el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
Un delegado de la entidad de seguridad ciudadana, bajo el Ministerio del Interior, actuará como secretario técnico del comité.
Atribuciones concretas y plazos definidos
El comité tendrá entre sus principales funciones:
- Diseñar políticas públicas específicas para frenar el reclutamiento forzado de menores por el crimen organizado.
- Proponer reformas legales y establecer convenios entre instituciones para fortalecer la respuesta estatal.
- Impulsar campañas de sensibilización, capacitación comunitaria y cooperación con organismos internacionales.
- Coordinar intervenciones territoriales prioritarias, según lo determine la entidad de seguridad ciudadana.
- Elaborar diagnósticos técnicos y evaluaciones periódicas para ajustar las estrategias según resultados y nuevas amenazas.
Durante los primeros seis meses, el comité se reunirá mensualmente para acelerar la ejecución de acciones. Posteriormente, sesionará de forma trimestral y podrá convocar reuniones extraordinarias si el contexto lo requiere.
El reglamento interno de funcionamiento deberá emitirse en un plazo no mayor a 15 días.
Financiamiento y aplicación territorial
Cada institución miembro deberá destinar recursos propios o gestionarlos con organismos cooperantes. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá priorizar la asignación presupuestaria para cumplir los objetivos del decreto, respetando la legislación vigente.
Además, el comité deberá emitir un instrumento jurídico vinculante en un plazo de 90 días, una vez aprobada la política pública integral.
El decreto se sustenta en diversos informes de inteligencia que evidencian cómo los Grupos Delictivos Organizados (GDO) reclutan menores de edad, particularmente en zonas rurales y fronterizas. Estos menores son utilizados para tareas de vigilancia, transporte de armas o droga, e incluso como sicarios.
La iniciativa presidencial surge en respuesta a la creciente presión social y de organismos internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que han alertado sobre el riesgo estructural que enfrenta la niñez ecuatoriana en zonas controladas por el crimen organizado. (I)
