QUITO, Pichincha
El presidente Daniel Noboa firmó el pasado 4 de febrero de 2025 el Decreto Ejecutivo 520, mediante el cual ordena el cierre de las fronteras terrestres con Colombia y Perú los días 8, 9 y 10 de febrero, con el objetivo de reforzar la seguridad durante las elecciones generales.
Durante este período, se restringirá el ingreso de ciudadanos extranjeros por los pasos fronterizos terrestres del norte y sur del país. Noboa también dispuso una regulación especial temporal en las zonas de seguridad fronteriza y ordenó redoblar el despliegue militar en puertos estratégicos, como parte de las medidas para evitar cualquier amenaza contra el proceso electoral.
El decreto justifica esta decisión en dos factores clave:
- Conflicto en Colombia: Enfrentamientos entre grupos armados en la frontera norte podrían generar un impacto en la seguridad ecuatoriana.
- Crisis en la frontera con Perú: La minería ilegal ha provocado un incremento de la violencia en la zona sur del país.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía y 19 instituciones de la Mesa de Seguridad Electoral, ha diseñado un operativo especial para prevenir incidentes antes, durante y después de la jornada electoral.
En este despliegue participarán 58.000 policías y 40.000 militares, quienes resguardarán los recintos electorales y puntos estratégicos del país.
Con este cierre, el Gobierno busca blindar los comicios del 9 de febrero, en los que Ecuador elegirá presidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Sin embargo, esta medida genera preguntas: ¿Será suficiente este control para evitar la injerencia del crimen organizado en el proceso electoral? (I)
