QUITO, Pichincha
Daniel Noboa llegó al poder con un discurso centrado en la necesidad de una Asamblea Constituyente para refundar el Estado. Sin embargo, la consolidación de una mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, liderada por su movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), redireccionó la estrategia política del Gobierno.
Con el control del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y de las principales comisiones, el Ejecutivo encontró una vía más eficiente y menos riesgosa: impulsar su agenda a través de reformas legales dentro del actual marco constitucional.
La alianza con el Partido Social Cristiano (PSC) y una facción de Pachakutik permite al oficialismo sumar mayorías mínimas que han facilitado la aprobación de leyes clave, como la Ley de Seguridad Integral, la Ley de Competitividad Energética y la Ley de Solidaridad Nacional.
Cambio de narrativa y pragmatismo político
El analista político Andrés Obando destaca que el discurso del presidente cambió drásticamente. “Al inicio, Noboa calificaba a la Asamblea como un obstáculo, tal como lo hizo Guillermo Lasso. Ahora, al tener el control legislativo, proyecta eficiencia y gobernabilidad”, explica.
Rafael Silva, consultor en estrategia política, coincide en que el oficialismo adoptó una postura pragmática. “La posibilidad de avanzar mediante reformas ordinarias le permite consolidar su liderazgo sin arriesgarse al incierto proceso de una Constituyente, que además requeriría apoyo popular sostenido y una mayoría en las urnas”, señala.
Reformas con impacto inmediato, pero riesgos latentes
Maximiliano Donoso-Muller, politólogo y exasesor legislativo, sostiene que esta estrategia reduce costos económicos y políticos. “Una Constituyente implica convocar elecciones, redactar una nueva Carta Magna, y podría abrir la puerta a fuerzas políticas desestabilizadoras. Reformar desde la Asamblea es más rápido, controlable y menos polarizante”, apunta.
Sin embargo, Obando advierte que si las reformas no producen resultados tangibles —como reducción del crimen, dinamización económica o mejoras institucionales—, la narrativa de eficiencia legislativa podría convertirse en un búmeran político.
La Constituyente como carta de reserva
A pesar del cambio de enfoque, los analistas coinciden en que el Gobierno no ha descartado del todo la vía constituyente. “La refundación del Estado sigue siendo un discurso disponible. Si ADN pierde la mayoría o el clima político se vuelve adverso, el Gobierno podría reactivar esa bandera como mecanismo de presión o escape”, sostiene Silva.
Donoso-Muller recuerda que la Corte Constitucional ya recomendó explorar todas las herramientas de reforma —como enmiendas y referéndums— antes de acudir a la opción más radical, la Constituyente. “Noboa sigue esa línea, lo que demuestra cálculo político”, enfatiza.
Referéndum, el otro frente de validación
En paralelo, el Ejecutivo mantiene el recurso del referéndum como herramienta de legitimación. Tras el plebiscito del 21 de abril de 2024, donde logró aprobar nueve de once preguntas, Noboa ha anunciado una nueva consulta popular, esta vez centrada en reformas constitucionales puntuales, como la reorganización del sistema judicial y el control a jueces y fiscales.
“La combinación de mayoría legislativa con validación popular por vía referéndum proyecta liderazgo y control político”, afirma Silva. Aunque aclara que la estabilidad de la coalición parlamentaria es frágil y sujeta a acuerdos coyunturales. (I)
