QUITO, Pichincha
El presidente Daniel Noboa, anunció este viernes 11 de julio de 2025 el envío de una reforma parcial a la Constitución que plantea la aplicación de la castración química como medida adicional para sancionar a personas condenadas por delitos sexuales.
El anuncio lo hizo a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde escribió:
“Pensaron que el poder los iba a proteger. Como antes, como siempre. Esta vez no: los violadores merecen la castración química y pagar con la cárcel, y eso es lo que plantea la reforma constitucional que acaba de ser enviada. Ahora será el turno de la Asamblea, el país necesita saber quiénes están verdaderamente con las víctimas y quiénes dispuestos a proteger abusadores”.
No hay detalles técnicos
Aunque no se han difundido todavía los detalles técnicos del proyecto, el mensaje presidencial deja clara la intención de endurecer las sanciones contra los agresores sexuales, combinando penas privativas de libertad con tratamientos de supresión de libido, conocidos como castración química, una medida altamente controversial en el debate penal y de derechos humanos.
Aunque estas reformas están a cargo de la Corte Constitucional, el presidente agregó que ahora será «el turno de la Asamblea», puesto que con su postura se demostraría al país «quiénes están verdaderamente con las víctimas y quiénes están dispuestos a proteger a los abusadores».
Actualmente, el artículo 171, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona este delito con pena privativa de libertad de 19 a 22 años, tomando como agravante que la víctima sea menor de 14 años.
Un tema sensible y con antecedentes
La castración química ha sido debatida en otros países y también mencionada anteriormente en el Ecuador, pero esta es la primera vez que se impulsa formalmente como una reforma constitucional desde el Ejecutivo.
La medida ha generado posturas encontradas: mientras algunos sectores la consideran una forma efectiva de prevención, organismos de derechos humanos y expertos penales advierten sobre posibles violaciones a principios constitucionales como la proporcionalidad de la pena, la integridad física y el consentimiento médico. (I)
