QUITO, Pichincha
El presidente Daniel Noboa expidió el Decreto Ejecutivo 191, con el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia Social, también conocida como Ley de Fundaciones, vigente desde agosto de 2025. La norma busca prevenir y detectar flujos económicos ilícitos en el manejo financiero de las organizaciones sin fines de lucro.
El reglamento, publicado por la Presidencia de la República, reemplaza al Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales emitido en 2017, y establece nuevas obligaciones de control y transparencia para fundaciones, corporaciones, ONG y demás organizaciones reconocidas por la Constitución y la ley, sean nacionales o extranjeras.
De acuerdo con el documento, estas organizaciones no podrán invertir directa ni indirectamente en proyectos que obstaculicen actividades mineras legalmente autorizadas. En caso de incumplimiento, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) podrá suspender su personería jurídica por cuatro años, además de aplicar sanciones administrativas o legales.
El reglamento también obliga a las organizaciones a reportar indicios de minería ilegal o posibles vínculos de sus donantes, socios o beneficiarios con actividades ilícitas. Según el texto, esta medida busca mitigar riesgos de lavado de activos, corrupción y financiamiento del crimen organizado.
Durante la presentación de la ley, Noboa argumentó que la antigua regulación favorecía prácticas opacas y podía convertirse en “un caldo de cultivo para el lavado de activos, la financiación del terrorismo o la evasión fiscal”, desviando recursos destinados al bienestar social.
El decreto, de 58 páginas, marca un nuevo marco jurídico para el control financiero y operativo de las organizaciones sociales, en línea con los estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas. (I)
