GUAYAQUIL, Guayas
Disturbios volvieron a sacudir el pasado 4 de diciembre de 2024, la Penitenciaría del Litoral, ubicada en el kilómetro 14 de la vía a Daule, en Guayaquil. Según reportes preliminares, una explosión seguida de disparos dejó un muerto y siete heridos. Este incidente ocurre un día después de que detonaciones de granadas en el mismo recinto carcelario provocaran 11 heridos.
El enfrentamiento, registrado alrededor de las 16:30 en el ala 3 del pabellón 3, alarmó nuevamente a los familiares de los reclusos que permanecían en los exteriores del penal. Dos horas después, tres ambulancias trasladaron a los heridos mientras un furgón de Medicina Legal confirmaba el deceso.
Este pabellón fue escenario de una masacre el pasado 12 de noviembre, donde 17 internos fueron asesinados y 15 resultaron heridos tras la ruptura de una tregua entre bandas. Desde 2019, alrededor de 500 reclusos han muerto en hechos violentos en las cárceles del país.
Pese al estado de excepción renovado el 2 de diciembre, que permite la presencia de militares y policías en los centros penitenciarios, la violencia persiste. Las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno, incluida la militarización, han sido insuficientes para contener la crisis carcelaria.
La violencia no se limita a las cárceles; las calles también enfrentan un aumento alarmante en los homicidios. En 2023, Ecuador alcanzó una tasa récord de 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un aumento dramático frente a los 6 registrados en 2018.
La militarización y el estado de excepción no han logrado frenar la crisis carcelaria ni la violencia en el país. ¿Es suficiente la estrategia de mano dura del Gobierno, o se necesitan medidas más integrales para devolver la paz a Ecuador? (I)
