SANTO DOMINGO, Santo Domingo de los Tsáchilas
La Fiscalía, con el apoyo de la Policía, ejecutó allanamientos en inmuebles y oficinas situados en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas este miércoles, 24 de julio de 2024. La acción responde a un nuevo proceso penal contra Wilman Terán y otros jueces involucrados en la liberación del exvicepresidente Jorge Glas.
En sus canales oficiales, el Ministerio Público precisó que esto se da «en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita», en la que se investiga a los exjueces Wilman Terán y Emerson Curipallo, a la jueza Anabel Torres y el abogado de Glas, Cristhian Palacios.
Y que el propósito de los allanamiento de inmuebles y oficinas fue para recabar indicios de este delito que se habría cometido en 2022. En fotografías divulgadas en redes sociales, se vio a policías y fiscales revisar documentos y computadoras.
Involucrados por testigo
Los tres fueron nombrados en el testimonio anticipado de Álex Palacios, excolaborador de Terán en el caso denominado Independencia Judicial, en el que se investiga el delito de obstrucción a la justicia.
Antes de ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura, por cuya gestión ya enfrenta procesos penales por supuesta delincuencia organizada y obstrucción a la justicia, Terán se desempeñó como juez de la Corte Nacional de Justicia.
Terán es investigado porque cuando ejerció como juez nacional habría redactado el pedido de medidas cautelares para que Glas, vicepresidente que purga dos condenas por corrupción, saliera de prisión.
Terán entrega escrito
Según las pesquisas, Terán habría entregado en un pendrive dicho escrito a la jueza Anabel Torres de Santo Domingo, quien le dio a Christian Palacios, abogado de Glas, para que lo firmara. Luego lo entregaron en la Judicatura de Santo Domingo y el caso cayó en el despacho de Emerson Curipallo, quien finalmente, liberó Glas.
Terán y los otros procesados guardan prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. Mientras, Curipallo fue sentenciado a tres años y cuatro meses de cárcel por delincuencia organizada en el caso Metástasis. (I)
