QUITO, Pichincha
La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional recibió observaciones técnicas y jurídicas al Proyecto de Ley que Regula los Procedimientos Eutanásicos, durante la sesión N.º 87, como parte del trámite previo al primer debate en el Pleno.
La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), a través de la doctora Paola Aguirre Otero, presentó un análisis técnico basado en seis ejes fundamentales, orientados a armonizar la propuesta con la normativa sanitaria vigente y a garantizar su viabilidad operativa. Entre los principales aportes, la entidad planteó depurar definiciones, simplificar enfoques y precisar los derechos y responsabilidades del talento humano en salud, con especial énfasis en el respeto irrestricto a la objeción de conciencia.
ACESS también recomendó fortalecer la estructura y funciones de los comités científicos, definir con claridad los perfiles profesionales que los integran e incorporar de forma obligatoria a especialistas en salud mental. Además, sostuvo que estos comités deben operar únicamente en establecimientos de salud debidamente habilitados y que cuenten con servicios de cuidados paliativos. En cuanto al procedimiento, la entidad insistió en establecer criterios clínicos, funcionales y psicosociales claros, y en restringir la aplicación de la eutanasia a centros de salud autorizados, descartando la modalidad domiciliaria por no estar permitida en la normativa nacional.
En materia de registro y control, ACESS subrayó la necesidad de alinear el proyecto con la Ley de Protección de Datos Personales, definir mecanismos formales de trazabilidad y estructurar un sistema de auditoría con competencias, plazos y responsabilidades claramente determinadas, bajo la rectoría del organismo de control correspondiente.
Organización Dignidad y Derecho
Por su parte, la Organización Dignidad y Derecho, representada por su vicepresidente Manuel Valle y el abogado Steven Vilema Herrera, expuso observaciones jurídicas sustentadas en la sentencia de la Corte Constitucional que dio origen al debate sobre la eutanasia en Ecuador. Señalaron que el texto, elaborado por la Defensoría del Pueblo, presenta inconsistencias con el fallo constitucional, al concebir la eutanasia como un derecho, limitar el ejercicio pleno de la objeción de conciencia y ampliar su alcance a supuestos no contemplados por la Corte.
La organización alertó sobre riesgos en la regulación de la representación legal, especialmente en casos que involucran a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y otros grupos de atención prioritaria. Asimismo, cuestionó el uso de conceptos jurídicamente indeterminados en los criterios de elegibilidad, que podrían generar interpretaciones subjetivas, y advirtió sobre disposiciones que podrían abrir la puerta a prácticas asimilables al suicidio asistido, no despenalizado en el país.
Durante la sesión, el presidente de la Comisión, Juan José Reyes, reconoció que el proyecto contiene falencias técnicas y jurídicas, pero enfatizó que el primer debate legislativo busca precisamente recoger aportes para mejorar el texto. Aclaró que la sentencia constitucional permite la eutanasia activa solo bajo condiciones estrictas, para personas con enfermedades graves e incurables, siempre que exista consentimiento libre, informado e inequívoco.
La Comisión continuará recibiendo observaciones de distintos sectores, con el objetivo de consolidar un informe para primer debate que garantice coherencia con el mandato constitucional, la normativa sanitaria vigente y la protección integral de los derechos de pacientes y profesionales de la salud. (I)
