QUITO, Pichincha
El relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos, Marcos Orellana, instó a la Corte Constitucional de Ecuador a garantizar el cumplimiento de la consulta popular de 2023 que ordenó detener la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní. El pasado 27 de enero de 2025, Orellana presentó un escrito como «amicus curiae» para reforzar los argumentos de quienes exigen proteger este ecosistema único.
«El incumplimiento de la voluntad popular y de las resoluciones judiciales no solo pone en jaque uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta, sino que también vulnera los derechos de los pueblos indígenas y el Estado de Derecho», afirmó el relator desde Ginebra.
La consulta popular de agosto de 2023, respaldada por la Constitución ecuatoriana, expresó la decisión ciudadana de «dejar bajo tierra» el petróleo del Bloque 43, ubicado en el corazón de la Amazonía. Sin embargo, según Orellana, el Gobierno ha persistido con las actividades extractivas, desoyendo tanto la voluntad del pueblo como el fallo de la Corte Constitucional, que otorgó un año para cesar estas operaciones.
En su escrito, el relator subrayó el impacto devastador de los residuos tóxicos generados por la extracción petrolera, que no solo contaminan el medio ambiente, sino también afectan gravemente la salud de las comunidades indígenas que dependen del Yasuní para sobrevivir.
Con este contexto, surge una interrogante crucial: ¿Respetará Ecuador el mandato ciudadano y judicial para salvaguardar el Yasuní, o continuará priorizando intereses económicos sobre los derechos humanos y la biodiversidad? (I)
