QUITO, Pichincha
La entrega del campo petrolero Sacha a un consorcio extranjero desata un nuevo conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, sumándose a la lista de disputas políticas que han marcado la gestión gubernamental.
Correísmo prepara denuncias ante la Fiscalía
La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado el 6 de marzo de 2025. Los legisladores sostienen que la delegación del campo Sacha podría constituir un caso de peculado, al considerar que la concesión beneficia indebidamente a una empresa privada.
Además, la Comisión de Fiscalización, liderada por la asambleísta correísta Pamela Aguirre, sostiene que Petroecuador tiene la capacidad de administrar el yacimiento sin necesidad de recurrir a operadores privados. Según expertos petroleros y extrabajadores de la estatal, Sacha es el campo de mayor producción en Ecuador, con aproximadamente 77.000 barriles diarios, reflejando un crecimiento de 12.000 barriles en los últimos cuatro años.
Críticas a la falta de transparencia
El legislador Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, cuestiona la ausencia de un proceso de licitación y la falta de publicidad en la adjudicación. «Se entregó el campo a una empresa china sin concurso y en plena campaña electoral, lo que genera sospechas de posibles intereses políticos», afirmó Peñafiel, advirtiendo que esta decisión podría influir en la narrativa de cara a la segunda vuelta electoral.
Oficialismo defiende la delegación
Desde el bloque oficialista ADN, la asambleísta Inés Alarcón enfatizó que no se trata de una privatización, ya que la Constitución lo impide. «Se delegó la operación del campo, que necesita inversión para mantener su productividad. Estamos abiertos a la fiscalización, pero rechazamos que se use este tema con fines políticos», declaró.
La controversia sigue en aumento, con el movimiento indígena anunciando movilizaciones para impedir la concesión. ¿Se trata de una decisión técnica o de una estrategia con fines electorales? (I)
