QUITO, Pichincha
La oposición en la Asamblea Nacional del Ecuador, liderada por el correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC) y Construye, sufrió un revés el pasado 7 de enero de 2025 al no conseguir los votos necesarios para debatir sanciones contra funcionarios públicos que incumplieron la licencia obligatoria durante la campaña electoral.
En la antesala del receso legislativo, previsto del 8 al 22 de enero, el socialcristiano Andrés Briones presentó una moción para modificar el orden del día. Su propuesta obtuvo 62 votos, lejos de los 70 necesarios para su aprobación. El objetivo de Briones era exhortar a los organismos de control electoral y estatal a sancionar a los funcionarios que buscan la reelección sin acogerse a la licencia sin sueldo, en una indirecta referencia al presidente Daniel Noboa.
Asamblea estableció
El pasado 4 de enero, la Asamblea estableció que todos los legisladores que aspiran a la reelección deben acogerse a la licencia durante la campaña, del 5 de enero al 6 de febrero, pese a la oposición de la bancada oficialista ADN. Sin embargo, las últimas sesiones del Pleno estuvieron marcadas por divisiones internas y críticas por el uso de recursos públicos durante la campaña.
Este lunes, 98 legisladores alternos asumieron las curules de los asambleístas que se ausentaron para hacer proselitismo, desatando cuestionamientos sobre presuntas irregularidades, especialmente en la bancada oficialista. Ana Cifuentes, suplente de un asambleísta de ADN, expresó: “¿Cómo es posible que estos legisladores hagan campaña mientras siguen cobrando de las instituciones públicas?”.
A su vez, no hubo un pronunciamiento claro sobre la decisión del presidente Noboa de delegar la Presidencia por tres días a Cinthia Gellibert, recientemente designada como vicepresidenta encargada.
¿Se convertirá la falta de consenso en un obstáculo permanente para el control de las campañas electorales? La incapacidad de la oposición para avanzar en este debate evidencia un Legislativo fracturado, donde el impacto de las elecciones y los intereses políticos parecieran prevalecer sobre la transparencia y la institucionalidad. (I)
