LOJA, Loja
El actual director provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, Pablo Piedra Vivar, el lunes 19 de mayo de 2025, presentó al Pleno su renuncia irrevocable al cargo. Falta de apoyo desde la planta Central e intereses de personas particulares lo llevaron a tomar la decisión.
Piedra, quien seguirá en funciones hasta que acepten su dimisión, venía desempeñando el cargo desde el 23 de enero de 2024.
Dijo que desde su llegada a la entidad buscó realizar una transición de una administración que venía siendo muy cuestionada “hasta la actualidad que he logrado superar varios inconvenientes en beneficio de las personas, esto pudo generar incomodidad”.
Explicó que durante su administración se realizó el proceso de selección de juez temporal para el Tribunal Contencioso Administrativo, aunque todavía sigue el déficit de 9 magistrados en la provincia. A la par, hubo la implementación de la Cámara de Gesell —a pesar que contaban con el espacio físico desde 2012, pero recién en 2024 se hizo realidad—.
Arriendos
Una de las problemáticas más complejas ha sido los canones de arrendamientos de los bienes inmuebles utilizados para las unidades judiciales en la ciudad de Loja.
“Tratamos de reducir y transparentar los precios que paga el Consejo de la Judicatura en la provincia de Loja por concepto de arriendo de los inmuebles”, añadió Pablo Piedra.
Lograron en casi todos los bienes una reducción del 15% a 20%, los mismos que superaban la base, según un informe de la Dirección Nacional Administrativa a escala nacional situando a la provincia en el primer lugar como el que más pagaba en arriendo.
Señaló que, sin embargo, el proceso del bien donde funciona la Corte Provincial de Justicia (ubicada en la calle Bolívar entre Rocafuerte y 10 de Agosto, frente al Banco de Loja), no ha podido concluir, en vista que existen algunos intereses y están en contraposición con la actual administración.
Indicó que el año pasado, el canon de arrendamiento fue de alrededor de USD 8.500 y debido a las ofertas en el mercado colocaron un presupuesto referencial de USD 5.500 lo que representa un 40% menos, pero el proceso no avanzó. Aspira que la nueva autoridad concluya las labores iniciadas en cuanto a arriendos para unidades judiciales. (I).
