Pleno aprobó proyecto urgente para la defensa de la dolarización



QUITO, PICHINCHA

Con 86 votos a favor, 41 en contra y 1 voto blanco y siete abstenciones, fue aprobada hace pocos minutos la Ley de Defensa de la Dolarización. La votación se tomó tras seis horas de un debate polarizado.

Para el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Franco Romero, la positiva votación, por encima de los 70 votos mínimos necesarios, tuvo que ver con el convencimiento de los asambleístas de que la Ley iba a ayudar al país y a fortalecer la dolarización.

Explicó que si bien en días pasados, antes de las elecciones presidenciales, el debate fue muy politizado, ahora se entendió que no era una ley con dedicatoria a uno de los candidatos, sino que, en cualquier caso, la ley era esencial.

Previo la votación del proyecto de ley, el asambleísta Franco Romero, ponente del texto, indicó que se acogen observaciones de los asambleístas José Serrano y Gabriela Larreátegui.

De esta manera, en el texto final se agrega una disposición general sobre la regulación y control del sector financiero privado por el cual se determina que bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, trasladarán la responsabilidad de solvencia bancaria ni supondrá garantía alguna del Estado.

En la disposición reformatoria novena, la sustitución de la disposición general sexta de la Ley Orgánica para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores; y, la disposición reformatoria décima, en la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, por el cual se sustituye el artículo 19, que hace referencia a la extinción de obligaciones.

Ejes del proyecto

El proyecto busca regular de manera técnica la generación de política pública monetaria del país a través de la Junta de Regularización de Política Monetaria, el cual será instrumentalizado por el Banco Central del Ecuador (BCE), conforme lo determina el artículo 303 de la Constitución.

Dicho articulado señala que el ente encargado de generar la política pública en materia monetaria es la Función Ejecutiva, sin embargo, en concordancia con el artículo 141 de la Carta Magna este puede ser ejecutado por un órgano creado para el efecto, en este caso, la Junta Monetaria.

Para que la política pública generada sea ejecutada de manera correcta, prevé que el BCE, como parte de la función ejecutiva, cuente con  la debida  autonomía  que permita  ejercer sus competencias legales y constitucionales, siendo que las decisiones e implementación deben estar en criterios exclusivamente técnicos.

Establece procesos de control externo al Banco Central por parte de la Fiscalía, Contraloría, Asamblea Nacional y la Presidencia de la República. Las dos juntas, tanto la Monetaria y Financiera, como parte de la Función Ejecutiva, tendrán gobernanza y estructura  propias  que  les  permita  tomar  decisiones  de  manera  técnica  e  independiente  de  las presiones de la política fiscal.

Para el afianzamiento y protección de la dolarización se determinan ejes claves: el restablecimiento de la regla de respaldo conformada por cuatro sistemas dentro del balance del BCE. La meta de acumular gradualmente reservas internacionales, con el objetivo de que la Reserva Internacional respalde la totalidad de los recursos que se encuentran custodiados por el Banco Central, así como los billetes y monedas fraccionarias en circulación.

Además, estipula que la reorganización y el fortalecimiento de la base institucional que gobierna al BCE, sea bajo un marco legal que le otorgue objetivos y funciones específicas e independencia técnica para respaldar el régimen de dolarización.

Respecto del sector financiero popular y solidario se establecen disposiciones para contar con una apropiada supervisión y control de todas las entidades financieras, equilibrando  e  igualando  las  facultades  de  los  organismos  de  control  en  favor de  los  derechos  de  los  socios  y depositantes para así cumplir de forma más adecuada con la obligación constitucional de preservar la seguridad, estabilidad, transparencia y solidez de los sectores financieros público, privado, y popular y solidario.

Sobre la Corporación del  Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados  (Cosede), se  alinea  la  normativa  a  las  mejores  prácticas internacionales que establecen que el asegurador de depósitos deberá contar con la recuperación adecuada de los recursos de sus fondos, a fin de maximizar la cobertura de los depositantes. (I)

Post Author: David Jaramillo

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