GINEBRA, Suiza
El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su profunda preocupación por la corrupción en el sistema de justicia de Ecuador, en especial tras los reveladores testimonios del caso Plaga, que involucraron sobornos a jueces y presiones políticas.
El Comité, al concluir su examen periódico sobre la situación en el país, denunció los pagos ilegales de estructuras criminales a funcionarios judiciales, a cambio de decisiones favorables para ellos y sus familias, tal como se ha mostrado en los casos Plaga y Metástasis.
El informe también destacó la falta de medidas efectivas para proteger a jueces y fiscales de agresiones, asesinatos e intimidaciones, situación que, según el Comité, pone en peligro el Estado de Derecho en Ecuador.
Carlos Gómez Martínez, miembro del Comité, subrayó que los asesinatos de jueces agravan aún más la crisis en el sistema judicial, añadiendo que, aunque muchos jueces no son corruptos, la corrupción dentro de la judicatura sigue siendo un desafío importante que debe combatirse desde dentro.
Además, el Comité manifestó su alarma por la creciente militarización de las cárceles y la infiltración del crimen organizado en los centros penitenciarios, lo que obstaculiza su correcto funcionamiento.
La ONU instó al gobierno ecuatoriano a reducir el hacinamiento carcelario y la cantidad de personas en prisión preventiva. También criticaron la «normalización» de los estados de excepción a nivel nacional y local, medidas que deberían aplicarse solo en situaciones realmente excepcionales.
Las autoridades de otros países han comenzado a cuestionar el sistema de justicia de Ecuador, destacando la evidente falta de responsabilidad dentro de los límites legales y señalando al país, a nivel internacional, como corrupto. ¿Qué tan sólido es realmente el sistema judicial ecuatoriano frente a esta crisis de corrupción y violencia? (I)
