GUAYAQUIL, Guayas
El presidente Guillermo Lasso Mendoza, conformó la «Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación», cuya misión será contribuir al desarrollo de estrategias para erradicar las muertes violentas y la crueldad en los centros de privación de libertad en el territorio nacional.
A través de un decreto ejecutivo suscrito este jueves 16 de diciembre, el Ejecutivo puntualizó que la Comisión gozará de plena autonomía para establecer su propia hoja de ruta y metodología de trabajo, «debiendo sujetarse únicamente a lo dispuesto en la Constitución de la República y la Ley ecuatoriana; así como en la coordinación con las instituciones públicas competentes para el cumplimiento de su misión».
La comisión, que está conformada por un equipo multidisciplinario de expertos nacionales e internacionales, provenientes de la sociedad civil organizada, iglesias, academia y sector público, la integran Luis Barrios, Nelsa Libertad Curbelo Cora, Miriam Alejandra Delgado Chávez, Claudia Milena Garzón Padilla, Mónica Ingarévalo Jaramillo,
Prudencio Francisco Loor Mendoza, Jorge Alfredo Narváez Matamoros, Ricardo Wladimir Morales Vela y Christian Andrés Nieto Salamea.
Como parte de sus atribuciones, los miembros de la Comisión podrán visitar cualquier centro de privación de libertad en el país, donde le será permitido acceder a todas las áreas e infraestructura.
Además, podrán entrevistar a personas privadas de la libertad (PPL), familiares de ellos, agentes de seguridad penitenciaria, y a servidores públicos que ejerzan competencias en el sistema de rehabilitación social, incluyendo servidores judiciales.
Sus funciones se llevarán a cabo dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de su primera sesión, y al concluir su vigencia la Comisión deberá entregar al Primer Mandatario o a quien él designe.
La comisión deberá presentar una memoria final que recoja y explique el trabajo realizado durante los seis meses previos; propuesta de política pública, estrategia y acciones para la erradicación de las muertes violentas y crueldad en los centros de privación de libertad, así como la violencia criminal en el territorio nacional.
La propuesta será puesta a consideración de los representantes de la función ejecutiva, judicial y legislativa.
El Gobierno desarrolla su estrategia en medio de un estado de excepción por «la grave conmoción interna» que atraviesa el sistema penitenciario ecuatoriano, y que fue extendido hasta el próximo 29 de diciembre. (I)
