QUITO, Pichincha
La Asamblea Nacional se prepara para debatir una reforma legal que obligaría a las personas privadas de libertad a realizar actividades laborales dentro de las cárceles para cubrir parte de sus necesidades básicas. La propuesta forma parte de las modificaciones a la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario impulsadas por la bancada oficialista.
La Comisión de Seguridad aprobó el informe para segundo debate el 11 de marzo de 2026 durante una sesión realizada en la Universidad Ecotec, en Samborondón, provincia del Guayas. El documento incorpora una disposición que plantea la creación de un régimen laboral interno para los reclusos.
El asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Andrés Castillo, presentó la iniciativa. El legislador argumentó que el sistema penitenciario requiere mecanismos productivos que permitan a los internos aportar a su sostenimiento y, al mismo tiempo, fomentar procesos de rehabilitación.
La propuesta establece que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social tendrá un plazo máximo de 36 meses para implementar una política pública que promueva actividades laborales y productivas dentro de los centros penitenciarios. El objetivo consiste en fortalecer la rehabilitación social mediante trabajo formal, respetando los derechos establecidos en la Constitución.
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, prevé incluir el debate y la votación del proyecto en la sesión plenaria convocada para el 17 de marzo de 2026 en la ciudad de Cuenca.
Reformas en seis leyes de seguridad
El proyecto legislativo, presentado en 2024 por la presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, plantea cambios en seis normas vigentes relacionadas con seguridad y justicia:
- Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público
- Código Orgánico Integral Penal (COIP)
- Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza
- Ley de Seguridad Pública y del Estado
- Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional
- Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
La reforma amplía el catálogo de faltas disciplinarias para los miembros del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. El listado pasaría de 10 infracciones actuales a 57 causales, con el objetivo de fortalecer el control institucional dentro de las prisiones.
El texto también incorpora nuevas faltas graves para los reclusos. Entre ellas constan ejercer control violento sobre pabellones o celdas, intimidar a otros internos o funcionarios para obtener beneficios, promover procesos de radicalización o reclutamiento dentro de las cárceles y facilitar el uso ilegal de equipos de telecomunicaciones.
Clasificación de cárceles y presos según su peligrosidad
El proyecto también introduce una recategorización del sistema penitenciario ecuatoriano. Las cárceles se dividirían en centros de mínima, mediana y máxima seguridad, mientras que los reclusos se clasificarían según su nivel de riesgo: bajo, medio o alto.
Las autoridades penitenciarias ubicarían a los internos de alto riesgo en instalaciones de máxima seguridad tras analizar informes técnicos que consideren factores como:
- Participación en redes de delincuencia organizada o narcoterrorismo
- Gravedad del delito cometido
- Liderazgo dentro de estructuras criminales
- Riesgo de fuga o violencia
- Historial disciplinario dentro de la prisión
- Amenazas contra otros internos o personal penitenciario
- Riesgos para la seguridad del Estado
El Gobierno busca con estas medidas reducir el control que organizaciones criminales han ejercido dentro de varios centros penitenciarios del país durante los últimos años.
Déficit de guías penitenciarios
La reforma también intenta enfrentar la escasez de personal de vigilancia. Actualmente, el sistema penitenciario cuenta con aproximadamente 3.600 guías para custodiar a cerca de 34.300 personas privadas de libertad, según datos presentados por el asambleísta Mario Zambrano.
Para reforzar el número de agentes, el proyecto plantea permitir que policías y militares en servicio pasivo se incorporen al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) o al Cuerpo de Seguridad Penitenciaria.
La iniciativa propone además eliminar el descuento del 40% del aporte estatal a la pensión que actualmente se aplica cuando un uniformado retirado vuelve a trabajar bajo relación de dependencia, siempre que su nueva actividad se realice dentro del sistema penitenciario.
Con estas reformas, el oficialismo busca fortalecer el control de las cárceles, mejorar la seguridad interna y promover procesos de rehabilitación mediante trabajo productivo para los internos. Sin embargo, persisten interrogantes sobre si estas medidas serán suficientes para enfrentar la crisis penitenciaria y garantizar condiciones adecuadas de rehabilitación.(I)
