QUITO, Pichincha
Un juez ecuatoriano ordenó prisión preventiva para cuatro personas vinculadas a una red criminal que operaba un ‘call center’ en Quito dedicado a extorsionar víctimas en Ecuador y México. Esta resolución incluye la clausura provisional y suspensión temporal de la empresa LKL CALL S.A.S, ubicada en el centro financiero de la capital.
El caso comenzó a finales de junio de 2025, cuando la Policía Nacional capturó a 40 personas durante un allanamiento al centro de llamadas. En el operativo, se incautaron 55 computadoras y 142 teléfonos móviles. La investigación se inició en 2024, luego de recibir 256 denuncias por extorsiones virtuales, y actualmente la Fiscalía investiga a los implicados, incluyendo a la empresa como persona jurídica, por delincuencia organizada.
Cuatro vinculados
Los cuatro vinculados con prisión preventiva son Emily Daniela J. T., gerente que huyó del país tras la notificación judicial; Margarita Fernanda J. A., gerente general y principal accionista; Edwin Rodrigo M. T., contador que reconoció ingresos mensuales de entre 5.000 y 67.000 dólares provenientes de Ecuador y México; y Michael Edward M. Q., técnico en sistemas.
El ‘modus operandi’ consistía en enviar mensajes y correos con amenazas violentas a las víctimas, exigiendo pagos para evitar la difusión de material sensible. Usaban una plataforma digital con datos personales y fotografías de las víctimas, que luego manipulaban para crear montajes de contenido sexual explícito usados como herramienta de extorsión. Además, enviaban imágenes y videos de alta violencia para intimidar.
Desde sus estaciones de trabajo equipadas con computadoras, los operadores realizaban llamadas y enviaban mensajes con plantillas que advertían la difusión del material comprometedor en redes sociales si no se cumplía con los pagos. Se estableció que cada operador recibía incentivos adicionales si superaba los 1.200 dólares mensuales en recaudación. También detectaron que la empresa ofrecía créditos sin autorización legal, para luego extorsionar a quienes accedían a esos préstamos.
El juez ordenó además la prohibición de enajenar bienes y el congelamiento de cuentas bancarias de los implicados, para evitar que se desvíen activos relacionados con el delito. (I)
