QUITO, Pichincha
La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral recibió el lunes 11 de mayo de 2026 aportes técnicos y jurídicos de delegados de la Procuraduría General del Estado dentro del análisis del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que busca prevenir y sancionar el uso delictivo de uniformes e insignias de entidades de seguridad pública.
La propuesta legislativa también unifica reformas orientadas a proteger el uso legítimo de distintivos institucionales de organismos como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, frente al incremento de delitos cometidos mediante simulación de funciones oficiales.
Durante la sesión, Jenifer Rodas Figueroa, directora de Iniciativa Legislativa de la Procuraduría, planteó observaciones para fortalecer la exposición de motivos y varios considerandos del proyecto. Según explicó, los cambios permitirán justificar de mejor manera la necesidad jurídica y técnica de regular el uso de uniformes oficiales.
Por su parte, Alonso Fonseca destacó la importancia de implementar sistemas de trazabilidad y control sobre la producción y comercialización de uniformes militares y policiales. Señaló que estos mecanismos ayudarán a evitar que estructuras criminales suplanten funciones estatales y cometan delitos utilizando prendas similares a las oficiales.
Fonseca además advirtió que la utilización indebida de estos uniformes podría generar riesgos de responsabilidad para el Estado en casos de vulneración de derechos ciudadanos. Añadió que estándares internacionales, como las normas ISO, pueden aportar a garantizar controles de calidad, seguridad y seguimiento de estos implementos.
Jorge Palacios
En la misma línea, Jorge Palacios sostuvo que la propuesta mantiene compatibilidad con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y con la jurisprudencia internacional relacionada con el Derecho Internacional Humanitario.
Según explicó, la normativa busca establecer tipos penales claros que permitan diferenciar a civiles de miembros legítimos de fuerzas combatientes o entidades de seguridad, especialmente en contextos de violencia criminal y conflictos armados internos.
Al cierre de la sesión, Andrés Castillo, presidente encargado de la comisión, solicitó a la Procuraduría remitir sus observaciones por escrito para incorporarlas en las mesas técnicas encargadas de elaborar el informe para segundo debate. (I)
