
GUAYAQUIL, Guayas
El sector productor bananero insistió ayer miércoles en que no existió acuerdo para fijar el precio mínimo de sustentación de la caja de banano para el 2022, como aseguró el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).,
Este acuerdo, que se habría dado el viernes 22 de octubre, según el MAG, entre productores y exportadores, habría dejado el precio de la fruta en $ 6,25, valor que no difiere del vigente actual para el 2021.
En esa reunión, el ministro Pedro Alava celebró en bien de mantener la competitividad de la fruta ecuatoriana en los mercados internacionales.
Los delegados de los productores llegaron a la cita con la propuesta de que el precio de la fruta sea fijado en $ 7,50 y ya iniciada la reunión bajaron hasta $ 7,19; mientras que los exportadores sugirieron que el precio se mantenga en $ 6,25.
Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador (Fenabe), reiteró ayer la inconformidad del sector productor y exigió transparencia en el negocio bananero en el país. “El cumplimiento de las leyes no debe ser una opción sino una obligación”, sostuvo.
Señaló que 300.000 familias dependen del negocio bananero y quieren que el “ganar ganar” sea para todos, pues señaló que, en el 2015, el precio de la caja de la fruta era de $ 6,55 y hoy es de $ 6,25, lo que consideró una “rebaja infame el precio para el pequeño y mediano productor”.
También cuestionó supuestos incumplimientos del precio mínimo de sustentación, al asegurar que en los últimos 18 meses el precio promedio ha sido de $ 4,25 ya sea por venta spot o por contrato.
Sobre las supuestas irregularidades en la mesa de negociación del viernes pasado, Segundo Solano, productor y dirigente bananero, expuso su preocupación y la del sector acerca de la denuncia de los delegados sobre una supuesta alteración de los documentos del acta de la sesión de trabajo.
Dijo que los delegados de su sector firmaron un documento de asistencia, mas, no un acta de acuerdo, por lo que pidió a la Fiscalía General del Estado que inicie de oficio una investigación previa para determinar responsabilidades sobre este hecho. (I)