
RIOBAMBA, Chimborazo
Un total de 465 agricultores de Chimborazo y Tungurahua accedieron a nuevas autorizaciones para el uso de agua destinada al riego, como parte de una estrategia para impulsar la soberanía alimentaria y fortalecer la producción agropecuaria en la Sierra Centro del país.
El acto oficial se realizó en Riobamba, con la participación de autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Durante el evento, se entregaron permisos para utilizar un caudal total de 72,17 litros por segundo, con una cobertura de 120,40 hectáreas productivas.
Los beneficiarios pertenecen a tres sectores rurales: la Junta de Riego de la Comunidad Pueblo Viejo (cantón Alausí, Chimborazo), la Junta de Riego Hondón de los Valles (cantón Quero, Tungurahua) y productores de Patricio Guevara y la quebrada Chilla Bullo (cantón Mocha, Tungurahua).
Agua para producir y enfrentar la sequía
El ministro de Agricultura, Danilo Palacios, destacó que estas autorizaciones son un paso firme hacia el desarrollo sostenible del agro ecuatoriano. “Esto recién empieza. Tenemos cuatro años por delante para trabajar junto a ustedes, liderados por nuestro presidente Daniel Noboa. Ecuador puede alcanzar un modelo de producción sostenible con acceso justo al agua”, señaló.
Las autoridades subrayaron que el acceso al recurso hídrico no solo permite diversificar cultivos y garantizar cosechas en épocas de sequía, sino que también representa una herramienta clave para consolidar una agricultura resiliente al cambio climático.
Paralelamente, los ministerios involucrados trabajan en el fortalecimiento de las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP), actores fundamentales en la gestión comunitaria del recurso. Según el MAG, estas organizaciones garantizan la distribución equitativa y el uso eficiente del agua, con una visión de conservación, autosuficiencia y gobernanza local.
El Gobierno reafirmó su compromiso con el sector agropecuario, priorizando el acceso al agua como un derecho humano y como eje estratégico para dinamizar la economía rural. (I)