QUITO, Pichincha
La empresa estadounidense Progen Industries LLC presentó una contrademanda contra la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) en una corte de Estados Unidos, en el marco del conflicto por la fallida compra de generadores eléctricos destinados a las centrales de Quevedo y Salitral. La acción judicial expone presuntos vínculos entre empresarios ecuatorianos, funcionarios y compañías relacionadas con el manejo de más de 100 millones de dólares.
El proceso se activa cerca de un año y medio después de que Celec transfiriera el millonario anticipo a la firma extranjera, en un contrato que no se concretó conforme a lo previsto. La demanda inicial de Celec derivó en la respuesta legal de Progen, que ahora incluye señalamientos sobre una posible red de intereses empresariales.
El expediente judicial, al que accedió Teleamazonas, forma parte de la fase de divulgación inicial en la Corte de Florida, donde las autoridades requieren información clave para identificar a posibles involucrados y testigos dentro de la trama.
Contrademanda
Entre los nombres que aparecen en la contrademanda constan José Manrique, Karla Saud y el exgerente de Celec, Fabián Calero, quienes habrían mantenido relaciones con la empresa Astrobryxa S.A., señalada como apoderada de Progen en Ecuador y presuntamente vinculada a Saud y Manrique.
Según el documento, Astrobryxa ya colabora con la justicia estadounidense y forma parte del entramado empresarial que habría intervenido en la canalización de los recursos transferidos por el Estado ecuatoriano. Además, se mencionan otras compañías y personas que, presuntamente, habrían participado en el movimiento del dinero.
Marco Acuña, integrante del Consejo Consultivo de Energía, advirtió que los términos de la contrademanda resultan “preocupantes”, debido a los posibles nexos entre contratistas y actores vinculados al proceso de contratación pública.
La diligencia judicial en Estados Unidos busca esclarecer los vínculos empresariales, seguir la ruta del dinero y determinar responsabilidades en un caso que podría escalar a mayores implicaciones legales y políticas en Ecuador. (I)
