NAPO, Tena
El Gobierno de Daniel Noboa reafirmó su intención de construir una cárcel de máxima seguridad en Archidona, lo que provocó que las autoridades y comunidades de Napo optaran por suspender temporalmente el paro, aunque mantienen su resistencia y planean radicalizar las protestas tras una Asamblea Amazónica prevista para el 12 de diciembre de 2024.
Amada Grefa, alcaldesa de Archidona, junto al prefecto José Toapanta, concejales y líderes indígenas, evaluaron la situación en una reunión realizada en La Y de Baeza, uno de los puntos bloqueados durante los nueve días de movilizaciones. Tras esta cita, decidieron reabrir las vías de acceso durante la noche del 11 de diciembre y la mañana del 12, con el fin de facilitar el paso a transportistas pesados.
El cierre de vías había generado un visible desabastecimiento de combustible y alimentos en localidades como Archidona y Napo, según reportaron sus habitantes.
Reunión sin consenso
Las conversaciones entre las autoridades locales y Justina Zambrano, subsecretaria de Gobernabilidad, no lograron acuerdos. Zambrano sostuvo que la construcción de la cárcel sigue siendo una prioridad dentro del plan de seguridad nacional y que el Gobierno no reconsiderará su ubicación. Además, instó a las comunidades a realizar protestas pacíficas y a mantener el diálogo abierto.
“Para el Presidente, garantizar la seguridad del país es un objetivo esencial. Este proyecto se mantiene firme porque es parte de una estrategia integral”, declaró Zambrano.
A pesar del rechazo local, las autoridades de Napo adoptaron posturas divergentes. Mientras la alcaldesa Grefa exige la cancelación total del proyecto, el prefecto Toapanta propuso al Gobierno una alternativa para trasladar la obra a un área más remota, cerca del sector La Mica.
Contexto y perspectivas
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunció su respaldo a las protestas y recordó que incluso la Asamblea Nacional emitió una resolución que exhorta al Gobierno a suspender el proyecto. Además, la Iglesia Católica en Napo planteó la necesidad de realizar una consulta previa e informada, argumentando que la construcción de la cárcel impactará negativamente el turismo en la región.
El conflicto por la construcción de la cárcel refleja tensiones crecientes entre el Gobierno central y las comunidades amazónicas, que exigen mayor participación en las decisiones que afectan su territorio. ¿Podrá el diálogo evitar una mayor radicalización de las protestas o el proyecto avanzará pese al descontento local? (I)
