QUITO, Pichincha
La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa analizó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que plantea destinar al menos el 70 % del presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a inversión pública. La iniciativa tiene carácter urgente en materia económica.
Durante la sesión, delegados de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas expusieron los fundamentos técnicos de la propuesta. El subsecretario jurídico de la Presidencia indicó que un análisis macroeconómico evidenció un incremento sostenido del gasto corriente entre 2021 y 2024, que pasó del 30,72 % al 34,57 %.
Detalló que, en promedio, los GAD destinan entre el 60 % y el 70 % de su presupuesto a gasto corriente, lo que reduce de manera significativa la inversión en obras y servicios. En contraste, la inversión pública registró una tendencia decreciente, con un promedio del 31,44 % en el mismo período, tras alcanzar un pico del 39,59 % en 2022 y caer incluso a niveles cercanos al 10 % en algunos gobiernos locales.
Frente a este escenario, el proyecto propone una regla fiscal obligatoria que establezca un piso mínimo del 70 % del presupuesto para inversión en competencias como vialidad, saneamiento, uso y gestión del suelo, agua potable y alcantarillado.
GAD
La iniciativa también incorpora mecanismos de control y trazabilidad del gasto, debido a que los GAD reportan actualmente solo valores devengados sin especificar su destino, lo que genera riesgos fiscales y presiones sobre el Estado central. Con estos cambios, el Ejecutivo busca fortalecer la responsabilidad fiscal y garantizar que los recursos públicos se orienten a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Por su parte, la viceministra de Finanzas, Daniela Contento, afirmó que la reforma pretende asegurar que la autonomía financiera de los GAD se refleje en mayor inversión en servicios públicos esenciales, así como reducir la rigidez del gasto corriente que limita la ejecución de proyectos productivos.
Contento explicó que la propuesta amplía las reglas existentes al total del presupuesto, sin afectar pre asignaciones ni generar despidos, e incluye herramientas técnicas como el uso obligatorio del clasificador presupuestario y la rendición de cuentas trimestral mediante indicadores públicos de gasto.
Finalmente, sostuvo que la evidencia histórica demuestra que los GAD pueden cumplir este umbral de inversión y recomendó eliminar disposiciones transitorias para garantizar una aplicación uniforme de la norma, reiterando la disposición del Ministerio de Economía y Finanzas para remitir información técnica adicional. (I)
