QUITO, Pichincha
El lunes 7 de julio de 2025, en la Comisión de Garantías Constitucionales, Martha Burgos, coordinadora nacional del Pueblo Montubio del Ecuador, reclamó la defensa efectiva de los derechos de esta comunidad, que representa un sector significativo de la población y ha aportado históricamente al desarrollo del país.
Burgos denunció la falta de interés de las autoridades por la interculturalidad y la garantía plena de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Alertó sobre supuestas vulneraciones al intentar reestructurar el Consejo de Gobierno del Pueblo Montubio sin notificación previa, lo que dejó a la organización en situación de indefensión jurídica y calificó como un acto administrativo ilegal. Reclamó respeto a la autonomía institucional, la Constitución y el Código Orgánico Administrativo.
Asimismo, relató diversos conflictos sociales y denunció actos de corrupción relacionados con exigencias de dinero a cambio de proyectos. Criticó las acciones arbitrarias de la Secretaría de Pueblos, que según sus palabras, excede sus competencias legales.
Eustaquio Tuala
Los legisladores presentes manifestaron solidaridad con el reclamo. El asambleísta Eustaquio Tuala aseguró: “El derecho del pueblo montubio ni se compra ni se vende”. Por su parte, Comps Córdova solicitó una fiscalización exhaustiva en todas las áreas vinculadas a los pueblos montubios, apoyo respaldado mayoritariamente por los parlamentarios.
En la sesión también estaba previsto recibir al ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, para informar sobre los programas sociales “Incentivo Emprende”, “Jóvenes en Acción” y “Ecuatorianos en Acción” en el marco de la fiscalización por entrega de bonos durante la campaña electoral de marzo de 2025. Sin embargo, Burbano se excusó amparado en una resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que delega ese proceso a otra comisión.
De igual forma, la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Arianna Tanca, se excusó de asistir para hablar sobre la fiscalización de indemnizaciones en Esmeraldas. En contraste, el gerente general de Petroecuador, Leonardo Bruns, no justificó su ausencia. El legislador Lenin Barreto mostró su desacuerdo con la decisión del CAL respecto a estas excusas.
La Asamblea Nacional reafirma su compromiso con el diálogo democrático, la transparencia en la gestión pública y la defensa de los derechos colectivos, garantizando espacios de participación para todos los sectores sociales. (I)
