QUITO, Pichincha
La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana continúa el análisis del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con especial atención en el plazo para presentar la acción de protección, uno de los puntos más debatidos de la propuesta legislativa.
En el marco del tratamiento del proyecto, la mesa legislativa recibió a las expertas en derecho constitucional Daniela Erazo Galarza y David Carrión Mora, quienes expusieron observaciones técnicas sobre la reforma orientada —según el oficialismo— a “rescatar la justicia constitucional”.
Erazo Galarza advirtió que la normativa vigente presenta múltiples interpretaciones de la Corte Constitucional, lo que ha provocado, a su criterio, una desnaturalización de la acción de protección y un uso excesivo de las garantías jurisdiccionales.
Durante su intervención, analizó temas clave como la oportunidad razonable para interponer la demanda, la competencia de los jueces, el abuso del derecho mediante la presentación simultánea o sucesiva de garantías frente a un mismo acto u omisión, así como el cumplimiento de sentencias y acuerdos reparatorios.
La experta también recomendó regular con mayor precisión los plazos y reglas de las audiencias, la segunda instancia, la actuación probatoria, la acción de incumplimiento, el hábeas data y el acceso a la información pública.
David Carrión Mora
Por su parte, David Carrión Mora cuestionó que la reforma permita la presentación oral de la acción de protección, al considerar que esa modalidad vulnera el derecho a la defensa y afecta la seguridad jurídica.
Sobre el artículo que fija un plazo de seis meses para presentar la demanda, contado desde la presunta vulneración de derechos constitucionales, Carrión respaldó la propuesta, aunque sugirió ampliarlo a un año para garantizar un acceso efectivo a la justicia.
El experto también planteó la necesidad de establecer plazos máximos para que la Corte Constitucional resuelva las acciones extraordinarias de protección y las acciones de incumplimiento, así como regular los tiempos procesales de las audiencias.
La Comisión continuará el análisis del proyecto en las próximas sesiones, antes de emitir el informe para primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. (I)
