PICHINCHA, Quito
La propuesta del presidente Daniel Noboa para modificar funciones de la Corte Constitucional y del Consejo de Participación Ciudadana genera inquietud entre analistas y juristas. La consulta popular, prevista para finales de noviembre, podría retrasarse por la necesidad de aprobar la enmienda constitucional correspondiente.
Expertos advierten que la inclusión de una pregunta sobre la aprobación de leyes por parte de la Corte podría alterar el equilibrio de poderes, al conferir al Ejecutivo una autoridad que algunos califican de “infalible”. Este cambio implicaría que decisiones judiciales se subordinan a la revisión del Ejecutivo, lo que podría comprometer la independencia judicial.
El proceso requiere superar varios filtros institucionales, lo que complica su ejecución dentro de los plazos previstos y mantiene abierta la polémica sobre el respeto a la separación de poderes. Analistas recomiendan clarificar los alcances de la reforma antes de la consulta para evitar conflictos constitucionales y asegurar la transparencia en el procedimiento. (I)
