QUITO, Pichincha
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional continúa el análisis del proyecto de Ley de Transparencia Social, calificado de urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa Azín. La propuesta apunta a fortalecer la transparencia financiera, ampliar el control fiscal y mejorar la rendición de cuentas en organizaciones públicas y privadas.
Durante la sesión del miércoles 6 de agosto de 2025, Andrea Sánchez, subsecretaria de Planificación, y Sebastián Londoño, subsecretario de Política Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, defendieron la iniciativa ante legisladores, representantes del sector financiero, empresarial y sociedad civil.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la reforma al artículo 39.2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que propone un impuesto único del 12 % sobre la distribución de dividendos en sociedades residentes. Esta medida permitiría recaudar aproximadamente USD 545,82 millones, aportando a la sostenibilidad fiscal, la planificación presupuestaria y la reducción de la dependencia de ingresos no recurrentes.
El Ministerio considera esta reforma clave para fortalecer la estabilidad macroeconómica, reducir riesgos fiscales y consolidar la confianza en las instituciones, además de fortalecer el modelo de dolarización.
Apoyo y observaciones del sector financiero y empresarial
Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador, respaldó la disposición que otorga a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) la facultad de ejecutar retenciones anticipadas ante posibles casos de lavado de activos. Según Rodríguez, esta herramienta aumentaría la eficacia de las acciones preventivas.
Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, Emilio Gallardo, su director jurídico, solicitó precisión en el tratamiento normativo de las organizaciones sin fines de lucro, en especial aquellas de carácter gremial y productivo. Afirmó que el sector apoya el combate al crimen organizado, pero considera necesario evitar ambigüedades que afecten la operación legal de fundaciones, corporaciones y gremios.
A su vez, voceros de la Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional y Desarrollo expresaron su voluntad de colaborar en la implementación de un sistema efectivo contra el lavado de activos. Propusieron que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria adapte su metodología de clasificación de riesgo a la realidad diversa del sector social, con asistencia técnica gratuita, capacitación diferenciada y recursos humanos especializados.
La Asamblea continuará el debate de esta propuesta que, de ser aprobada, transformaría el marco regulatorio financiero, con impactos directos en la recaudación fiscal y el fortalecimiento institucional del país. (I)
