QUITO, Pichincha
Las modificaciones a la Ley Orgánica de la Función Legislativa regresaron el pasado 4 de diciembre de 2024 a la Comisión de Justicia, tras recibir diversas observaciones durante el segundo debate en el pleno de la Asamblea.
Entre las propuestas figura la imposición de sanciones a los legisladores que cambien de partido político en el ejercicio de sus funciones, práctica conocida como transfuguismo o “camisetazos”.
María Pasquel, de la agrupación Gente Buena, sugirió ajustes en el proceso de denuncias contra asambleístas. Propuso que las acusaciones dirigidas al presidente de la Asamblea sean presentadas ante todo el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y no únicamente ante el titular del legislativo.
Por su parte, el asambleísta independiente Pedro Velasco cuestionó contradicciones en el proyecto, señalando que se exige un número mínimo de firmas para viabilizar juicios políticos, pero a la vez se permite el retiro de estas sin invalidar el trámite.
Viviana Veloz
Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea y representante de Revolución Ciudadana, manifestó su respaldo a las reformas orientadas a sancionar el transfuguismo, aunque solicitó modificaciones relacionadas con la seguridad legislativa. Además, instó al retorno del proyecto a la Comisión de Justicia por ocho días para incorporar las nuevas observaciones.
En tanto, Lucía Posso, de Imbabura, expresó su descontento porque sus aportes no fueron considerados en el informe final. Señaló la necesidad urgente de actualizar la legislación vigente, que data de hace 15 años, para garantizar la seguridad jurídica.
Por otro lado, Guido Vargas, de Sucumbíos, rechazó vehementemente las reformas que limitan la independencia del voto legislativo, calificándolas como restricciones contrarias a la voluntad popular. «No aceptaré una normativa que actúe como una guillotina para mi pueblo», subrayó.
El presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Cedeño, defendió las reformas y destacó que su objetivo principal es mejorar la imagen institucional de la Asamblea.
El debate sobre estas reformas refleja la tensión entre el control institucional y la autonomía legislativa. ¿Será posible encontrar un equilibrio que fortalezca la transparencia sin coartar la representatividad de los asambleístas? (I)
