QUITO, Pichincha
Más de 50 trabajadores de la salud marcharon el miércoles 16 de julio de 2025 desde el parque El Arbolito, en el norte de Quito, hasta la Corte Constitucional para presentar una demanda contra la Ley de Integridad Pública, aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de junio y publicada en el Registro Oficial el 26 de junio.
Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, criticó el proceso exprés con el que se aprobó la norma. “La ley se elaboró en tres o cuatro días, sin convocar a los sectores afectados ni generar diálogo ni consenso. Por eso solicitamos que se declare inconstitucional”, indicó.
La movilización es una de varias medidas adoptadas por gremios que han presentado más de 18 demandas de inconstitucionalidad contra leyes como la de Inteligencia, Solidaridad Nacional e Integridad Pública, las cuales la Corte Constitucional analiza actualmente.
Carrasco advirtió que varios artículos afectan derechos laborales de los trabajadores sanitarios, especialmente en aspectos relacionados con compras públicas, evaluaciones de desempeño y régimen jubilatorio. “Exigen excelencia en condiciones precarias, sin insumos ni medicamentos, y persiguen a los profesionales”, reclamó.
Por su parte, Marianita de Jesús Narváez, representante de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Enfermería (Faperpisec), afirmó que la normativa expone al personal operativo a despidos injustificados mediante evaluaciones sin bases técnicas. “Con tres evaluaciones insuficientes, desvinculan al trabajador, pero no nos proveen las herramientas necesarias para cumplir”, señaló. (I)
