Por MSc Elio Roberto Ortega Icaza
La crisis del sistema sanitario en el Ecuador ya no puede maquillarse con discursos. La falta de medicamentos, los retrasos en pagos a prestadores externos y la incertidumbre en tratamientos vitales configuran un escenario preocupante que golpea, sobre todo, a los sectores más vulnerables.
Pacientes con enfermedades catastróficas, crónico-degenerativas y renales dependen de un sistema que hoy muestra señales evidentes de agotamiento.
Quienes necesitan diálisis varias veces por semana viven con la angustia de no saber si el servicio continuará con normalidad.
Clínicas privadas que mantienen convenios con el Estado advierten sobre valores impagos; proveedores de insumos y alimentos reclaman obligaciones vencidas; mientras tanto, médicos, enfermeras y personal administrativo sostienen la atención con vocación y esfuerzo, pese a limitaciones estructurales.
La Constitución de 2008, en su artículo 32, reconoce la salud como un derecho fundamental y una responsabilidad primordial del Estado. No se trata de una declaración simbólica. Es una garantía exigible que obliga a diseñar políticas públicas eficaces, asegurar abastecimiento continuo de medicinas y brindar atención oportuna y de calidad. El incumplimiento de estas obligaciones puede traducirse en responsabilidad jurídica.
En el plano internacional, la Organización de las Naciones Unidas consagra en la Declaración Universal de Derechos Humanos el derecho a la salud como parte del bienestar integral de la persona.
La Organización de los Estados Americanos, a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, refuerza el deber estatal de garantizar progresivamente este derecho sin discriminación.
La Corte Constitucional del Ecuador ha sido clara en sentencias vinculantes: cuando está en riesgo la vida o la integridad, el Estado debe actuar de manera inmediata para asegurar tratamientos y medicamentos.
Asimismo, la Corte Nacional de Justicia ha reiterado que la omisión administrativa no puede justificar la vulneración de derechos fundamentales.
La salud no admite excusas burocráticas. Es un pilar del Estado constitucional de derechos y justicia. Si el sistema colapsa, no solo se afectan estadísticas: se comprometen vidas humanas y la credibilidad institucional.
La pregunta que persiste es si existirá voluntad política y técnica suficiente para revertir esta situación antes de que las consecuencias sean irreparables. (O)
