QUITO, Pichincha
La asambleísta correísta Priscila Schettini solicitó el lunes 23 de febrero de 2026 al presidente del Legislativo, Niels Olsen, su reincorporación a la curul tras cumplir la sanción impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Schettini, integrante de la bancada de la Revolución Ciudadana, perdió sus derechos políticos en mayo de 2025 por una sentencia del TCE, que aceptó una denuncia por violencia política de género presentada por la exfiscal general Diana Salazar. El organismo le impuso inicialmente una suspensión de tres años.
Sin embargo, una reforma al Código de la Democracia aprobada en junio de 2025 permitió aplicar el principio de favorabilidad. Con ese argumento, la legisladora redujo la sanción a nueve meses, plazo que —según su defensa— se cumplió el 10 de febrero de 2026.
Reemplazos marcados por polémica
Durante la suspensión, el escaño lo ocupó Santiago Díaz. Actualmente, Díaz permanece detenido en la Cárcel 4 de Quito y enfrenta un proceso por presunta violación a una menor de edad. Tras su salida, la curul pasó a manos de Annie Christina Muñoz Aroca.
Schettini remitió el oficio de solicitud a la Presidencia de la Asamblea y difundió en redes sociales su postura crítica frente al fallo del TCE. En anteriores pronunciamientos, calificó la sentencia como desproporcionada.
Contexto político
La legisladora también figura en la esfera pública por su vínculo con el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, quien enfrentó un proceso judicial y permaneció privado de libertad por un caso de presunto abuso sexual.
El siguiente paso dependerá de la decisión administrativa de la Presidencia y del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que deberán verificar el cumplimiento formal de la sanción y resolver la eventual restitución de la curul. (I)
