QUITO, Pichincha
La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social aprobó el informe para el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras del Ecuador, este viernes 06 de febrero de 2025. Esta ley está calificada como urgente en materia económica, documento que será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional.
Tiene como objetivo impulsar el empoderamiento económico de las mujeres emprendedoras en toda su diversidad, mediante la creación de mecanismos financieros fiscales y sociales que promuevan su acceso a recursos, capacitación y mercados, garantizando la igualdad de oportunidades en el ámbito económico.
Además, el Estado a través de las instituciones públicas competentes en la materia, priorizará la inclusión de mujeres migrantes retornadas que deseen emprender en el Ecuador.
Las beneficiarias de la presente ley serán mujeres emprendedoras, en toda su diversidad formalizadas o no, que tengan residencia fiscal y realicen actividades económicas de emprendimiento en el Ecuador, incluidas, mujeres rurales, de pueblos y nacionalidades indígenas, afros, amazónicas, adultas mayores, migrantes, de frontera, con discapacidad, víctimas de violencia, entre otras.
La finalidad de esta ley es promover:
- La autonomía económica de las mujeres emprendedoras
- Fomentar la creación y el fortalecimiento de emprendimientos femeninos
- Reducir las brechas de género en el acceso a recursos y financiamiento
- Impulsar la formalización y participación de las mujeres en el sector productivo y comercial
- Crear un entorno favorable para la conciliación entre el trabajo y la vida personal
Varios asambleístas de la mesa legislativa coincidieron que este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo no tenía nada de económico urgente, y a través de la participación de mujeres y sus observaciones expuestas se ha logrado un texto que beneficiará a nivel nacional.
El presente proyecto reforma la Ley Orgánica de Economía Violeta; Código Orgánico Monetario y Financiero; Ley de Emprendimiento e innovación; y, Ley Orgánica de Contratación Pública. (I)
