QUITO, Pichincha
El secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, denunció el pasado 9 de enero de 2025, que el presidente Daniel Noboa presentó una acusación penal en su contra. Según Muñoz, la denuncia obedece a represalias tras cumplir con sus funciones al notificar la disposición de Ester Cuesta, presidenta encargada de la Asamblea, de devolver el Decreto No. 500.
El polémico decreto, firmado por Noboa, designaba a Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración, como presidenta encargada, argumentando «circunstancias de fuerza mayor.» Sin embargo, Muñoz señaló que el mandatario debía encargar el cargo a Verónica Abad, vicepresidenta electa, como corresponde según el orden constitucional.
La denuncia, por presunta simulación y usurpación de funciones, podría acarrear hasta tres años de prisión. «Esta acción judicial busca amedrentarme y evitar que cumpla con mi labor,» afirmó Muñoz, quien además responsabilizó al Gobierno por cualquier ataque hacia él o su familia.
El trasfondo del enfrentamiento:
Muñoz enfatizó que no ha cometido ningún delito y se comprometió a defender el estado de Derecho. Por su parte, el Ejecutivo mantiene tensiones con Verónica Abad, señalándola por desacato en múltiples ocasiones, lo que derivó en el nombramiento de Gellibert como vicepresidenta encargada.
El Decreto 500 ha generado un nuevo capítulo de conflictos entre Noboa y la Asamblea, justo en medio de la campaña electoral presidencial, en la que Noboa busca la reelección. Por ley, el presidente debe tomar una licencia sin sueldo para participar en la contienda. ¿Podrá la denuncia contra Muñoz mantenerse en pie, o este conflicto terminará exponiendo una fractura más profunda entre el Ejecutivo y el Legislativo? (I)
