QUITO, Pichincha
La Comisión de Desarrollo Económico recibió el lunes 26 de mayo de 2025 a líderes empresariales, expertos en derecho penal y representantes de la Policía Nacional para fortalecer el contenido del proyecto de Ley Urgente para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno.
La normativa, enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter de urgente en materia económica, busca crear herramientas legales eficaces para enfrentar a las organizaciones delictivas que financian su operación con actividades ilícitas.
Juan Pablo Malo, presidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, manifestó el respaldo del sector productivo formal al proyecto. Donde se enfatizó que la seguridad se ha convertido en una prioridad económica y planteó la necesidad de una normativa que fomente la cooperación público-privada en el fortalecimiento institucional.
Emilio Gallardo, director jurídico de la Cámara de Industrias de Guayaquil, propuso la creación de un fideicomiso empresarial que permita canalizar recursos del sector privado hacia la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con criterios de eficiencia, transparencia y control ciudadano. Además, destacó que la norma debe proteger la infraestructura productiva y asistir a las víctimas del conflicto interno.
Visión jurídica y aportes policiales
El asesor jurídico de la Policía, Rodrigo Cordero, propuso ampliar el artículo 32 del proyecto, para que las donaciones no se limiten al equipamiento, sino que también incluyan servicios, insumos y bienes inmuebles, indispensables para reforzar las operaciones contra el crimen organizado.
Agentes de la Policía Nacional que han enfrentado directamente a bandas criminales en crisis carcelarias contaron sus experiencias. Denunciaron la desventaja operativa con la que combaten al crimen y solicitaron más respaldo logístico y legal: “No podemos seguir enfrentando al crimen con desventaja”, advirtieron.
El penalista Felipe Rodríguez sugirió incluir el delito de pertenencia a organizaciones criminales, y propuso ajustar los plazos de aprehensión en contextos de violencia extrema, siempre garantizando el respeto al debido proceso.
Por su parte, Stalin Raza defendió la constitucionalidad del proyecto y respaldó la urgencia económica con la que fue calificado por el Ejecutivo. Recalcó la necesidad de establecer un régimen penal diferenciado para enfrentar a estructuras que amenazan la estabilidad del Estado de Derecho.
La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, aseguró que los aportes técnicos, jurídicos y operativos serán integrados en el informe para el primer debate, previsto para este martes 27 de mayo. Centeno reiteró el compromiso de la mesa legislativa con una ley robusta y eficaz que permita combatir con firmeza la economía criminal en Ecuador. (I)
