GUAYAQUIL, Guayas
La empresa municipal Segura EP negó que terceros tengan acceso a la información de las más de 30.000 cámaras de videovigilancia que operan en la ciudad y estimó que implementar un sistema propio de almacenamiento de datos demandaría una inversión de entre USD 8 y USD 10 millones.
El gerente general, Alex Anchundia, aseguró que el contrato de almacenamiento con la compañía Telconet se suscribió en 2022, durante la administración municipal anterior, y que cumple parámetros técnicos y legales vigentes. Según explicó, aunque los servidores físicos se encuentran fuera de las instalaciones municipales, la “llave” de acceso y control de la información permanece exclusivamente en manos de la empresa pública.
Las declaraciones surgen tras la intervención ejecutada el 15 de febrero por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Ecuador, que asumieron el control operativo del centro de monitoreo ubicado en el norte de la ciudad. Anchundia rechazó que el procedimiento constituya un allanamiento y lo calificó como un “acto urgente” para verificar aspectos técnicos, sin incautación de equipos.
El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo días antes que la información de videovigilancia podría estar alojada en servidores privados con capacidad de operar “salas espejo”, una afirmación que la empresa municipal desmintió. Anchundia insistió en que el almacenamiento externo funciona como una bodega digital sin capacidad de manipulación de datos por parte del proveedor.
Segura EP
Segura EP explicó que la magnitud del sistema —que almacena grabaciones por al menos 30 días— exige infraestructura tecnológica de gran escala. En 2025, la entidad invirtió cerca de USD 1,5 millones en servidores municipales para grabaciones de bodycams y registros de la Autoridad de Tránsito y Movilidad, como parte de un plan progresivo hacia mayor autonomía tecnológica.
En medio de la crisis institucional, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por supuesta difusión de información restringida. Paralelamente, el exgerente Andrés Sandoval asumió un rol técnico de enlace con el Gobierno central, mientras Fernando Cornejo renunció a la presidencia del directorio de la empresa.
La intervención ocurre en un contexto de tensiones políticas entre el Municipio de Guayaquil y el Ejecutivo, encabezado por Daniel Noboa Azín, tras la ruptura de convenios de cooperación en seguridad y el retiro de competencias vinculadas al ECU-911.
Segura EP maneja un presupuesto anual que bordea los USD 82 a 85 millones y sostiene que mantiene autonomía administrativa y operativa, pese a la coordinación reforzada con la fuerza pública. (I)
