MSc. Elio Roberto Ortega Icaza
En el Ecuador actual, marcado por una grave crisis de seguridad, los estados de excepción y los toques de queda se han convertido en instrumentos utilizados por el Estado para enfrentar el avance de la delincuencia y del crimen organizado. Estas medidas, previstas en la Constitución, buscan restablecer el orden público.
Sin embargo, también han abierto un debate profundo sobre el rol que cumplen las Fuerzas Armadas en tareas de control interno.
El caso de los cuatro niños del sector Las Malvinas, en la ciudad de Guayaquil, ha conmocionado al país y ha puesto sobre la mesa preguntas jurídicas y éticas que no pueden ser ignoradas.
La decisión de la Corte Constitucional, que calificó los hechos como una grave vulneración de derechos humanos, recuerda que el Estado tiene la obligación de garantizar la vida, la integridad y la dignidad de todas las personas, incluso en escenarios de lucha contra la criminalidad.
La Constitución de la República, en su artículo 158, establece que la misión fundamental de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía y de la integridad territorial.
La seguridad ciudadana corresponde principalmente a la Policía Nacional. No obstante, el artículo 164 permite que, durante los estados de excepción, el Presidente de la República disponga la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar en el control del orden interno.
Pero esta participación debe estar sujeta a límites claros. Instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, establecen que los Estados son responsables por las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus agentes.
A ello se suman principios del derecho internacional humanitario y las normas del Código Orgánico Integral Penal, que regulan el uso legítimo de la fuerza y la protección de las personas.
El debate de fondo es si los miembros del Ejército, la Marina y la Aviación cuentan con la preparación específica para intervenir en operativos contra la delincuencia común. Su formación profesional ha estado orientada tradicionalmente a escenarios de guerra externa y defensa nacional.
Las operaciones de seguridad ciudadana, en cambio, exigen protocolos distintos: trato con población civil, detenciones legales, preservación de derechos fundamentales y uso progresivo de la fuerza.
La tragedia ocurrida en Las Malvinas, también obliga a reflexionar sobre la responsabilidad institucional. No solo deben analizarse las conductas individuales, sino también las decisiones de mando, la planificación operativa y los protocolos existentes dentro de las instituciones militares.
Mientras las familias de las víctimas reclaman justicia y reparación, también surgen interrogantes sobre la responsabilidad del Estado respecto de la formación, capacitación y directrices impartidas a los uniformados que participaron en estos operativos.
El Ecuador necesita seguridad, pero también necesita instituciones sólidas y respetuosas del orden constitucional. Combatir el crimen es una obligación del Estado; hacerlo dentro del marco del derecho y del respeto irrestricto a la vida humana es la única vía legítima para preservar la democracia. (O)
