QUITO, Pichincha
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó el martes 18 de junio de 2025 su «profunda preocupación» por la reciente promulgación de la nueva Ley de Inteligencia en Ecuador, advirtiendo que podría convertirse en un instrumento de censura y represalia contra periodistas y medios de comunicación.
“La SIP expresa su alarma ante una nueva ley de inteligencia en Ecuador que podría convertirse en un instrumento de control de la actividad periodística y de las libertades de expresión y de prensa en el país”, señaló la organización en un comunicado difundido este martes.
La normativa, impulsada inicialmente por legisladores del correísmo y respaldada por el bloque oficialista ADN, fue aprobada en la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial el pasado 11 de junio de 2025. El presidente Daniel Noboa no presentó objeciones. El reglamento que detallará su aplicación deberá estar listo en diciembre.
Entre los aspectos más polémicos, la ley autoriza la interceptación de comunicaciones sin orden judicial previa y obliga a las operadoras de telecomunicaciones a entregar información sensible sobre sus usuarios, lo que ha encendido las alertas en organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
José Roberto Dutriz
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, cuestionó el riesgo que esta legislación representa para la privacidad de las comunicaciones y la protección de las fuentes periodísticas. “El posible uso de mecanismos de vigilancia y recopilación de datos podría fomentar la autocensura e intimidar tanto a periodistas como a medios”, advirtió.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora general editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), alertó que “esta ley podría abrir la puerta a represalias contra quienes critican al gobierno o se especializan en investigaciones periodísticas de alto impacto”.
“El periodismo independiente se sustenta en la transparencia y la rendición de cuentas. Cualquier intento por limitar estas prácticas debilita la democracia y restringe el derecho de la ciudadanía a estar informada”, agregó Ramos.
El Gobierno defiende la norma
José de la Gasca, ministro de Gobierno, aseguró que la ley no será usada para perseguir a ciudadanos o medios de comunicación, sino para anticiparse a delitos organizados que operan con estrategias de inteligencia. “No se atentará contra la libertad de expresión ni contra el trabajo de los periodistas”, afirmó el lunes 17 de junio.
Sin embargo, las garantías oficiales no han disipado las inquietudes. La SIP recordó que el presidente Noboa firmó en marzo de 2024 las declaraciones de Chapultepec y Salta (2018), comprometiéndose ante una delegación de la organización a proteger la libertad de prensa en Ecuador. (I)
