QUITO, Pichincha
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) trasladó a 218 reclusos desde el Centro de Privación de Libertad El Inca, en Quito, hacia la prisión de Latacunga, en Cotopaxi, durante la madrugada del pasado 17 de enero de 2025.
El operativo, desarrollado a primeras horas del día, buscó minimizar los riesgos de incidentes. Un amplio contingente de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas acompañó el proceso, empleando vehículos blindados y patrulleros para custodiar a los reclusos desde su salida en Quito hasta su llegada a Latacunga.
El SNAI aseguró que el traslado formó parte de una estrategia para mejorar la distribución de la población carcelaria y reducir el hacinamiento en El Inca, una de las cárceles más congestionadas del país. Las autoridades buscaron garantizar la seguridad de los reclusos, el personal penitenciario y la comunidad durante el trayecto.
Pese a los esfuerzos de seguridad, hasta el cierre de esta nota, el SNAI no proporcionó detalles específicos sobre la operación ni sobre las condiciones en las que se encuentran los reos trasladados.
Corrupción en el sistema penitenciario: otro desafío
Mientras se llevaba a cabo este operativo, se registraron casos de corrupción dentro del sistema penitenciario. La noche del 14 de enero, en la cárcel N.º 1 de Cotopaxi, las autoridades detuvieron a cuatro policías que intentaban ingresar droga y celulares a las instalaciones.
El Ejército ecuatoriano, en un operativo conjunto con la Policía Nacional, descubrió una mochila con 1.360 gramos de marihuana y 195 gramos de cocaína, además de cinco celulares, cargadores y chips ocultos dentro de un colchón. Jefferson T., cabo segundo de la Policía, confesó su participación tras mostrarse nervioso ante los controles.
El traslado de reclusos y los operativos de control demuestran los esfuerzos del Estado por enfrentar la crisis en el sistema penitenciario. Sin embargo, los casos de corrupción y el contrabando dentro de las cárceles reflejan la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control.
Ante esta realidad, ¿lograrán las autoridades frenar la corrupción y garantizar un sistema penitenciario más seguro y eficiente? (I)
