QUITO, Pichincha
Los generales Pablo Miguel Rodríguez Torres, Édgar Fernando Correa Gordillo y Paulo Vinicio Terán Vásconez, fueron notificados con su cesación nuevamente tras recibir, el pasado 6 de enero, la aclaración sobre la sentencia de la jueza Verónica Medina de restitución de funciones. Solo el general Víctor Araus, sigue en funciones.
Lo informó la comandante general de la Policía, Tannya Varela, durante su comparecencia a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, ayer miércoles.
Cabe recordar que los generales, junto a Araus, fueron cesados por el presidente Guillermo Lasso Mendoza a través del Decreto Ejecutivo 146, el 3 de agosto de 2021, por no cumplir con los requisitos de Ley.
Sin embargo, Araus, a través de su abogado Diego Chimbo, apeló la decisión y la jueza Medina emitió una sentencia a su favor.
Aunque la Policía había restituido a los cuatro generales en sus funciones tras la aclaración recibida este 6 de enero, Varela informó que solo Correa, que estaba activo, recibió la notificación de cesación. Rodríguez y Terán no han podido ser localizados, pero se envió la documentación a sus correos y a sus teléfonos.
En tanto, la apelación en contra de la sentencia de Medina que beneficia a Araus continúa en proceso y a la espera de la resolución de la Corte Provincial de Pichincha, confirmó Varela, durante su comparecencia en la Asamblea Nacional.
Las comparecencias a la Asamblea sobre los ascensos de generales se dan luego de que, el 13 de diciembre, el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, declarara que su país está revocando las visas a ‘narcogenerales’ ecuatorianos.
Días después de esto, Araus fue convocado a la Embajada para ser notificado sobre la revocatoria de su visa.
El general Araus mantiene una demanda en contra de Varela por supuesta falsificación ideológica sobre presuntas irregularidades en el proceso de ascensos.
La cúpula policial en funciones también pidió a la Contraloría y otros organismos de control exámenes especiales a sus declaraciones patrimoniales, y la Contraloría inició el proceso con investigación de sus declaraciones patrimoniales y también de los familiares. (I)
