TCE exige registro migratorio de Arauz y domicilios

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QUITO, Pichincha
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) intensificó el trámite de una denuncia por presunta infracción electoral contra dirigentes de la Revolución Ciudadana (RC) y ordenó nuevas diligencias para ubicar a Luisa González y Andrés Arauz.

El juez Guillermo Ortega emitió este jueves, 8 de enero de 2026, un auto de sustanciación en el que informó que el TCE enfrenta dificultades para localizar los domicilios de ambos excandidatos presidenciales, denunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por no presentar las cuentas de campaña de las elecciones anticipadas de 2023.

Para individualizar sus direcciones y remitir las notificaciones, el magistrado requirió información al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la Contraloría General del Estado, el Registro Civil y la Agencia Nacional de Tránsito.

En el caso específico de Andrés Arauz, Ortega dispuso que el Ministerio del Interior remita su registro migratorio en un plazo de tres días, con el fin de determinar si se encuentra dentro o fuera del país. La medida se adoptó luego de que la Cancillería informara que no registra inscripción consular de Arauz y precisara que el control migratorio corresponde al Ministerio del Interior.

Santiago Díaz Asque

La denuncia también alcanza a Santiago Díaz Asque, exjefe de campaña de la RC en 2023 y actual asambleísta, quien permanece recluido por una denuncia de violación contra una menor. El juez ordenó dejar constancia de que Díaz recibió citación personal el 10 de diciembre de 2025, pero no presentó su contestación dentro del plazo legal de cinco días.

Según el CNE, la organización política no justificó ni presentó de forma adecuada los informes financieros que respalden los aportes privados recibidos durante ese proceso electoral.

La Ley Orgánica Electoral establece que, de comprobarse la infracción, los responsables enfrentarían multas de entre 20 y 70 salarios básicos unificados, la suspensión de derechos políticos por un período de dos a cuatro años y, eventualmente, la cancelación de la inscripción de la organización política. (I)

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Post Author: Redaccion

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