QUITO, Pichincha
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la sentencia de primera instancia emitida por el juez Guillermo Ortega, que impuso una sanción económica y la suspensión de derechos políticos contra la vicepresidenta Verónica Abad.
Durante la audiencia de hoy lunes, el juez Joaquín Viteri explicó que las declaraciones de Abad contra la canciller Gabriela Sommerfeld socavan la participación de las mujeres en la vida política y consolidan estereotipos contra la denunciante.
Mientras tanto, la vicepresidenta recordó que no fue notificada de forma correcta del inicio de este proceso y solicitó que la sentencia de primera instancia quede sin efecto.
Sin embargo, la mayoría de jueces del TCE (Joaquín Viteri, Ángel Torres e Ivonne Coloma) decidieron ratificar la condena electoral.
No son pruebas
Por su parte, el magistrado Fernando Muñoz no se adhirió al considerar que las declaraciones de Abad no son pruebas suficientes para suspenderla por violencia política. De igual manera, el juez Richard González cuestionó el fallo.
Una vez que está ejecutoriada la sanción por infracción electoral que suspendió los derechos de participación a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, se configuraría una ausencia temporal en el ejercicio del cargo, lo que permitiría al gobierno de Daniel Noboa Azín nombrar un reemplazo en los siguientes días.
El juez Guillermo Ortega conoció la causa en primera instancia y declaró a Abad responsable de incurrir en violencia política de género y le impuso una multa por 30 salarios básicos (alrededor de USD 14.000) y la suspensión de los derechos de participación por dos años. Entre esos derechos está la posibilidad de asumir cargos en el Estado.
Suspensión
Minutos antes de que se dicte la resolución, Verónica Abad aclaró en la red social X que “suspender derechos políticos no equivale a destituir”.
“Si están pensando destituirme con este mecanismo ilegal mediático están muy mal”, escribió Abad en la red social X.
Explicó que los derechos políticos son retroactivos y recordó que su cargo fue dado por los ecuatorianos en el 2023. Y mencionó que “una sanción del TCE no puede usarse como vía para remover a una vicepresidenta, y hacerlo sería un fraude constitucional”.
Abad subrayó que la Asamblea es la única institución que puede cesar de funciones a autoridades de elección popular.
“Suspender mis derechos políticos, no es igual a destituirme del cargo encomendado por el pueblo en urnas para cumplir mi función natural y propia que es ‘reemplazar al presidente en su ausencia”. (I)
