MSc. Elio Roberto Ortega Icaza
El debate sobre la reforma del sistema penitenciario ecuatoriano vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, que propone que las personas privadas de la libertad realicen actividades laborales dentro de los centros de rehabilitación social para contribuir a solventar sus necesidades básicas.
Este planteamiento debe analizarse a la luz del marco constitucional ecuatoriano.
La Constitución de la República del Ecuador de 2008 reconoce en su artículo 51 que las personas privadas de libertad mantienen derechos que deben ser garantizados por el Estado, entre ellos el acceso a programas educativos, culturales, laborales y productivos.
La finalidad de estas actividades no es punitiva, sino que busca favorecer procesos de rehabilitación y reinserción social.
Atención prioritaria
Además, el artículo 35 de la misma Constitución establece que las personas privadas de libertad forman parte de los grupos de atención prioritaria, es decir, son consideradas personas en situación de vulnerabilidad que requieren una protección reforzada por parte del Estado. Esto implica que cualquier política pública en materia penitenciaria debe garantizar plenamente su dignidad humana y sus derechos fundamentales.
En el ámbito internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que toda persona privada de libertad debe ser tratada con respeto a la dignidad inherente al ser humano.
Asimismo, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos disponen que el trabajo penitenciario debe tener un carácter formativo, productivo y orientado a la rehabilitación, evitando cualquier forma de explotación o trato degradante.
La jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha reiterado que el Estado tiene una posición especial de garante respecto de las personas privadas de libertad, por lo que debe asegurar condiciones dignas de detención y programas reales de rehabilitación.
En mi condición de abogado en libre ejercicio profesional y Magíster en Derecho Procesal, considero que el trabajo dentro del sistema penitenciario puede ser una herramienta válida para la rehabilitación social, siempre que se respete el principio pro homine y se garantice que estas actividades sean dignas, formativas y compatibles con los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos.
El desafío del Ecuador es fortalecer su sistema penitenciario sin renunciar al respeto irrestricto de la dignidad humana, principio esencial de todo Estado constitucional de derechos y justicia. (O)
