QUITO, Pichincha
El proceso de selección de la Corte Constitucional es el único que no se realiza a través del desprestigiado Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). La Función de Transparencia es la encargada de formar la comisión calificadora, que incluye dos representantes de esta función, dos del Ejecutivo y dos del Legislativo.
Esta misma comisión se encarga de nominar las tres ternas de candidatos que participarán en el concurso, el cual constará de una etapa de méritos, una de oposición y una de impugnación ciudadana. Los nuevos magistrados deben ser posesionados antes de febrero de 2025.
El pasado 10 de octubre, la comisión calificadora aprobó el reglamento del concurso y notificó a las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia para que envíen sus tres postulantes hasta este jueves 24 de octubre.
Corte Constitucional
La Corte Constitucional (CC) es el máximo tribunal de Ecuador y se encarga de controlar, interpretar y administrar justicia constitucional. En esencia, es la última instancia en disputas entre entidades públicas y privadas.
Por ejemplo, los jueces constitucionales deciden si la Asamblea Nacional puede destituir a un mandatario o si el presidente de la República puede ejecutar la muerte cruzada. Tienen el poder de bloquear leyes y decretos ejecutivos, como los estados de excepción, así como de revisar sentencias de la justicia ordinaria.
Esta influencia es lo que hace que la Corte sea tan atractiva para los poderes políticos, similar a la Fiscalía y la Contraloría. Durante el correísmo, por ejemplo, la llamada «corte cervecera» estuvo alineada con el Ejecutivo y nunca cuestionó ninguna decisión de Rafael Correa.
El organismo también ha emitido dictámenes que han resuelto controversias sociales, políticas y administrativas. Entre sus sentencias más impactantes se encuentran: el matrimonio igualitario, el error inexcusable en el caso de los funcionarios judiciales, el aborto por violación, el uso de la fuerza militar como complemento de la policía, y la prohibición de explotar petróleo en el Parque Nacional Yasuní.
Recientemente, la Corte también dictó la destitución de varios vocales del Consejo de Participación Ciudadana, aprobó una propuesta de reforma constitucional sobre las bases militares extranjeras, y reconoció el derecho a la eutanasia.
La decisión de los jueces constitucionales influye en varias propuestas de los actuales candidatos presidenciales, como la convocatoria a una asamblea constituyente o nuevos cambios a la Constitución.
Composición de la Corte
El Pleno de la Corte está conformado por nueve magistrados, que son renovados parcialmente cada tres años. Esta es la segunda ocasión en que un tercio de los jueces seleccionados en 2019 dejarán su cargo. Tras la consulta popular de 2018, los jueces en funciones fueron destituidos y el organismo se renovó en febrero de 2019. Por ello, se sortea quiénes deben salir.
Después de este segundo proceso de renovación, ya no será necesario recurrir a este método, ya que el cargo es fijo por nueve años. En adelante, con cada nuevo proceso, saldrán aquellos que hayan completado su periodo.
Dada su importancia, los jueces constitucionales son los únicos funcionarios que no están sujetos a juicios políticos ni a destituciones por parte de las entidades que los nominan. Su destitución solo puede ser decidida por dos terceras partes de la misma Corte. (I)
