GUAYAQUIL, Guayas
Cuando Ana escuchaba a la jueza popular Evelyn Solari exponer de forma oral la resolución tomada en el Tribunal Popular por Justicia en Cárceles, en la que se condenaba al Estado ecuatoriano, se emocionó hasta las lágrimas. Su sed de justicia por el crimen de su hijo mayor, dijo, es un anhelo por el que no dejará de luchar. La misma ambición de los miles de parientes que han perdido a sus seres queridos durante masacres en prisión.
La mujer es parte del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles que hoy, en Guayaquil, consiguió que se condene éticamente al Estado como responsable de las matanzas ocurridas en los centros penitenciarios del país, durante los años 2021 y 2022. Son casi 500 las víctimas mortales. La acusación del Tribunal fue por la violación de los derechos a rehabilitación social, integridad personal, seguridad jurídica, proyecto de vida y acceso a la información.
El Tribunal Popular se desarrolló en el auditorio Simón Bolívar de la Corte Provincial del Guayas, que lució abarrotado, y contó con la presencia de al menos 40 familias de los internos fallecidos, no solo en las siete masacres, sino también en aquel tipo de muertes que no siempre se hacen públicas, que no se investigan y que quedan en el olvido, como los supuestos suicidios.
Como jueces populares actuaron: Ramiro Ávila, exjuez de la Corte Constitucional; Gina
Benavides, exDefensora del Pueblo; y Evelyn Solari, Constitucionalista. El fiscal fue Juan Vizueta Ronquillo, especialista en ciencias penales y constitucionales.
Durante el Tribunal se escucharon testimonios de familiares de las personas que han sido asesinados en las distintas cárceles del país, Ana estuvo entre ellos; además, el fiscal contó con la versión de expertos que expusieron distintos análisis respecto a la crisis carcelaria.
Además, la afectación psicológica que están sufriendo los parientes de los muertos; el impacto diferenciado a grupos de atención prioritaria; la vulneración del derecho a la integridad personal de las familias; y la determinación de la responsabilidad del Estado frente a la crisis carcelaria.
Con la realización del Tribunal Popular, las familias buscan justicia y reparación por la pérdida de sus seres queridos, que estaban en custodia del Estado, dijo la jueza Evelyn Solari.
Para eso, Ana hace un llamado a que todas los parientes de las PPL asesinadas a nivel nacional se unan al Comité de Familiares por Justicia en Cárceles para fortalecer las demandas al Estado.
